María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la iniciativa de reforma al artículo 206 Bis del Código Penal del Estado que prevé elevar las actuales penalidades por el robo de instalaciones eléctricas, así como el establecimiento de dos agravantes cuando con este ilícito se genere una afectación a un grupo considerable de personas.
La legisladora recordó que “los amantes de lo ajeno” no han perdido la oportunidad de obtener un ingreso económico mediante actividades de hurto, ya que se han dado varios ejemplos del robo de los materiales que se han adquirido para ser utilizados en la creación o mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, “o lo que es más increíble, se los han robado, ya una vez que están incorporados a las luminarias públicas”.
De esta manera y de acuerdo a la iniciativa a quien, con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de metales, como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero, níquel y sus aleaciones, utilizados en monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas se le sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) si el valor de lo robado no excediera las 100 UMA.
De igual forma se busca establecer que si el valor de lo robado excediera de 100 UMA, se sancionará con prisión de cinco a 15 años y multa de hasta 900 UMA.
En caso que las citadas conductas causen afectaciones a un grupo mayor de cien personas, las infracciones señaladas podrán incrementarse hasta en una tercera parte, indica la propuesta legislativa.
Asimismo, cuando el sujeto activo cometa las citadas conductas como medio para realizar otro delito, las sanciones previstas se aumentarán hasta en dos terceras partes.
La diputada Gamboa Torales considera necesario reformar el Código Penal para que el delito de robo de instalaciones eléctricas sea penado de una manera ejemplar, y así evitar que se siga dando el hurto de materiales como el cable de cobre, “debido a que esto trae aparejado la creación de un campo nocturno de cultivo para la criminalidad”.
Agregó que con este delito se pierde, no solamente el dinero público invertido en las instalaciones, sino la tranquilidad que se había generado para un sector de la población con el alumbrado.
La iniciativa, que busca reformar las fracciones I y II, así como adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 206 Bis del Código Penal para el Estado, fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.