POR: Andrés Timoteo
Ayer iniciaron en el Congreso Local las comparecencias de los secretarios de despacho. Legalmente ellos deben presentarse ante los legisladores para ser cuestionados sobre las observaciones que hayan surgido en la revisión del informe que rindió el mandatario Estatal en turno el pasado 15 de noviembre. Por ende se supone que los diputados y en especial los integrantes de cada comisión involucrada en el tema, debieron leer y analizar cada reporte para tener el material de interrogatorio.
Sin embargo, todo apunta que será un ejercicio vano, pues casi todos los involucrados en el desfalco financiero en la Administración Pública ya se fueron, comenzando por el jefe de ellos, Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra prófugo desde hace más de un mes. También los titulares de algunas de las secretarías más saqueadas ya están fuera, algunos incluso con fuero constitucional porque despachan como Legisladores, sean Locales o Federales.
La primera comparecencia fue la el secretario general de Gobierno, Genaro Mejía de la Merced —prevista para la tarde de ayer a las 17 horas— quien si bien fue subsecretario de esa dependencia, su período no abarca más allá de junio del 2015 cuando se le nombró en esa encomienda. En la secretaría como tal, Mejía lleva poco más de un mes, pues sustituyó al propio Flavino Ríos Alvarado cuando asumió la Gubernatura interina. ¿Qué pudo informar Mejía de la Merced a los legisladores? Seguramente balbuceos y lugares, pues solo está al tanto de lo inmediato. Ya lo dirán las crónicas periodísticas.
Pero la Glosa del Informe Gubernamental no es escuchar el discurso de los funcionarios, sino que estos respondan a las interrogantes de los Legisladores. No se trata de un mini-informe de cada compareciente, sino de la fiscalización de sus acciones. Pero eso queda impedido porque, como ya se dijo, muchos de los comparecientes son nuevos en los cargos. Además de la Secretaría de Gobierno están ausentes los verdaderos responsables de lo que sucedió en la SEV y Seguridad Pública, dos dependencias donde el saqueo financiero fue atroz y las secuelas de la corrupción cargaron saldos muy negativos a la sociedad.
Aunque en el nuevo formato de comparecencias se establezcan penas de hasta ocho años de cárcel a los funcionarios que mientan a los Diputados y les hagan jurar sobre la Biblia que dirán la verdad, la glosa está fuera de lugar. No abonará a la corrección del rumbo y los titulares de despacho —y los extitulares obviamente— deberían mejor comparecer ante un Juzgado. En eso se tienen que abocar los parlamentarios, en exigir que se deslinden las responsabilidades judiciales y se emprendan las pesquisas para llevar a esos pillos ante un tribunal, que perder tiempo en un simulacro de glosa. Nada nuevo obtendrán de lo que ya se sabe.
PILLOS EN LIBERTAD
Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel de Antes Ramos, extitulares de las secretarías de Seguridad Pública y del Trabajo, respectivamente, ya fueron indicados en los expedientes penales por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Empero, tales son acusaciones leves comparadas con lo que verdaderamente deben. A nivel estatal se les protegió para no turnarlos ante un Juez Federal por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Es inconcebible que Bermúdez y Deantes sean imputados tardíamente y aún así, sigan libres. Ambos andan paseándose por la ciudad de Xalapa, acuden a los juzgados y oficinas gubernamentales, entran y salen con pleno albedrío, burlándose de los veracruzanos a quienes robaron y a los que condenaron —en el caso del extitular de Seguridad Pública— a ser víctimas de robos, secuestros, asesinatos y extorsiones. Andan en libertad, gracias a la protección que les brinda tanto el fiscal Luis Ángel Bravo como el titular del Poder Judicial, Alberto Sosa.
Ayer en el Sur de la Entidad, el abogado trinquetero Antonio Macías Yaseguey, suegro de Javier Duarte de Ochoa, anunció que se va de Veracruz para radicar en su natal Chiapas y además se dice víctima de un acoso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) que tiene sitiado su domicilio en Coatzacoalcos. Vaya que no tiene vergüenza este señor al pedir a la prensa que lo ayude a difundir que es inocente de lo que se le imputa y que no hizo negocios con su yerno.
Es del dominio público que Macías Yaseguey se enriqueció con el proyecto del parque industrial “Puerto México”, por medio del cual se adueñó de la reserva territorial Duport-Ostión propiedad del Estado y además despojó a decenas de empresarios de sus predios con ayuda del sistema judicial y policiaco de la Entidad. También su esposa, María Virginia Tubilla, está involucrada en las empresas creadas por Duarte de Ochoa para comprar propiedades inmobiliarias en el extranjero.
Con todos esos delitos cometidos por él y su parentela, ahora el llamado “Suegro del sexenio” lloriquea denunciando que sufre de hostigamiento judicial. Ah, y por supuesto, se va de Veracruz no buscando tranquilidad, sino por el miedo que le provoca la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares al Gobierno Estatal, ya en menos de dos semanas, pues hay que recordar que durante la campaña el panista prometió que lo metería a la cárcel “por haberse robado los terrenos de los veracruzanos”.
El suegro consentido ve que los tiempos se aproximan y pone pies en polvorosa, pensado —tal vez— que el brazo de la justicia no lo alcanzará en su rancho San Francisco, en Villa Flores, Chiapas. Tampoco se debe perder de vista que si le echan el guante a Macías Yaseguye automáticamente será imputado el impresentable exgobernador —el que hoy despacha en Barcelona— pues el negocio con los terrenos robados en la reserva Duport-Ostión fue entre ambos.
Es más, se dice que Macías en realidad fue el prestanombres del innombrable, que es el verdadero dueño de cientos de hectáreas mal habidas. De paso, Macías asegura que no sabe nada de Duarte de Ochoa aún cuando tiene a sus tres nietos bajo su custodia. Se los dejaron para que su hija y yerno pudieran huir con mayor facilidad. ¿Alguien le cree que no sepa dónde están los padres de los niños que tiene que cuidar?
Otro que huye es Eugenio Duarte de Ochoa, hermano del gobernador prófugo, quien el miércoles pasado sacó todo el menaje de su mansión ubicada en el lujoso fraccionamiento Lomas Residencial, en Antón Lizardo, Alvarado, para mudarse al extranjero con su familia. La prensa porteña dio testimonio de los camiones de mudanzas cargando con muebles y utensilios.
Eugenio Duarte, al igual que sus hermanos Cecilio y Daniel —éste último radicado en España— están incluidos en el expediente judicial FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 abierto por la PGR como parte de los cómplices de Javier Duarte en la red de prestanombres y operadores de ‘empresas fantasmas’ para saquear el erario público y defraudar al fisco.
Así, los copartícipes del desastre veracruzano huyen porque se les viene la noche encima, pero la noticia no es que se vayan, sino que los dejen irse. Es decir, hay investigaciones abiertas pero nadie los vigila y todos están poniendo tierra de distancia para evadir alguna orden de aprehensión. ¿Son o se hacen en la PGR? Ambas cosas y todo parece indicar que hay un pacto de impunidad para que los pillos sigan libres. Ya ven, Duarte de Ochoa lleva 35 días como prófugo de la justicia aunque todos aseguran que la PGR sabe perfectamente su paradero.
VERACRUZ SITIADO
Y mientras los malhechores huyen, Veracruz hierve en protestas y bloqueos carreteros por parte de trabajadores del Sector Salud, maestros normalistas, deportistas y trabajadores de diferentes dependencias estatales que no recibieron su paga quincenal ni otras prestaciones que les deben desde hace meses. Ayer la Entidad registró su segundo día caótico por las movilizaciones de miles de personas en todo el territorio estatal que bloquearon inmuebles públicos y carreteras, afectando a otros miles de veracruzanos.
La mecha la encendieron los empleados de la Secretaría de Salud, quienes comenzaron desde el martes por la noche las manifestaciones. Ya se sabe que no hay dinero en la Tesorería Estatal para pagarles —todo se lo robaron— pero el error fue de formas y estrategia para atenuar la sublevación de la muchedumbre. Aún cuando hay una nueva titular de la Secretaría de Finanzas, Clementina Guerrero, ésta demostró que no tiene tacto suficiente para manejar ese tipo de situaciones, que se multiplicarán conforme avance el fin de mes.
La falla fue también de soberbia y la falta de comunicación. Clementina Guerrero implementa la misma táctica autoritaria que la caracterizó en la Secretaría de Administración en la UV: cerrarse y no ofrecer explicación alguna a los afectados con sus decisiones. La señora cree que todavía está en la UV, donde los trabajadores son pocos y los controlaba con mano de hierro —más bien los trataba con la punta del pie, según dan testimonio muchos catedráticos—.
Se equivoca y se debe ver en el espejo de Antonio Gómez Pelegrín, ya que puede terminar así, correteada y vituperada por la turbamulta, pues además de que no les paga ni siquiera se molesta en informarles sobre la situación y los hace esperar frente a los cajeros automáticos. No es caso menor esas manifestaciones que cada día se hacen más numerosas, pues se suman otros sectores afectados y hay el riesgo de que la ‘ola’ de protestas extienda hasta el mes de diciembre, cuando Yunes Linares asuma el Gobierno Estatal.
No se debe olvidar que al menos en el caso de los trabajadores de la Secretaría de Salud, estos pertenecen a un sindicato nacional ligado al PRI y si no resuelven el asunto de los pagos o por lo menos no se sientan a dialogar con los trabajadores, se les allega la información puntual y se negocia con ellos prórrogas y paciencia, el conflicto podría incendiar a la nueva Administración.
En el altiplano, los dirigentes del tricolor esperan con ansia que las “minas” sembradas por Duarte en el tema financiero estallen al paso de Yunes Linares, y le compliquen el inicio de su Gobierno al grado de ponerlo como ejemplo de ineficacia en la Administración Pública para cuando lleguen las campañas electorales del 2017 y 2018.
