AGENCIA
CDMX.- El ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, integró cuatro grupos de ingeniería financiera para el desvío de 5 mil 112 millones de pesos de recursos públicos, contando con la participación de servidores públicos, familiares, personas físicas y una red de empresas fachada para simular 10 contratos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social, los cuales se usaron para la obtención de recursos ilícitos, amparados en supuestas relaciones de prestación de servicios, afirma la Fiscalía General de la República (FGR).
En la cuarta orden de aprehensión que enfrenta el ex colaborador del presidente Felipe Calderón en México, la FGR advirtió que la materialidad de los atribuidos a Nunvav INC., es cuestionable, ya que una vez que se le entregaron los montos de los recursos que le fueron suministrados por el Estado, estos se transfirieron a “un complejo esquema que opera a través de empresas “fachada” o “pantalla”, que son controladas por los dirigentes de la organización criminal dirigida por García Luna, su familia los empresarios Weinberg.
La nueva orden de aprehensión contra García Luna, se había solicitado desde el pasado 8 de febrero del 2023, pero fue esta semana que un juez federal decidió otorgar la orden de captura contra él y su presunta red de cómplices.
El mandamiento judicial abarca a un total de 61 personas, incluyendo a su esposa, sus hermanas y hermanos y a los empresarios Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, señalados como sus prestanombres, así como a Jorge Luis Castilla Aguilar y Rosalba Tapia Alvarado, representantes legales de la compañía Nunvav, Inc. que se usó para la mayoría de las operaciones que la FGR considera ilícitas.
Además, enfrentan el mandamiento de captura al menos 20 ex funcionarios y ex servidores públicos en activo, incluyendo al número 2 en la estructura del Instituto Nacional de Migración, Antonio Molina Díaz, actualmente sujeto a proceso penal por la muerte de 40 migrantes en un centro provisional de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Molina Díaz también había sido procesado por la supuesta construcción irregular de ocho penales federales, pero fue absuelto por un juez federal por falta de pruebas.
Esta orden de aprehensión es la misma que Aristegui Noticias dio a conocer el pasado 2 de marzo, pero que un juez se había negado a otorgar por considerar que la solicitud de la Fiscalía carecía de argumentos suficientes y omitía datos de prueba importantes para dar certeza jurídica a su petición.
La propia FGR se había desistido de la misma para reforzar sus argumentaciones y volver a presentarla, logrando ahora sí la decisión favorable de un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con residencia en el penal “Altiplano” en el Estado de México.
La orden de aprehensión advierte que se recurrió a dicha medida, ya que la citación o la comparecencia no garantizaban la asistencia de los 61 imputados, a excepción de García Luna que está preso en Estados Unidos, a la audiencia inicial.
La FGR afirmó que existía “una gran probabilidad de que los imputados se sustraigan de la acción de la justicia”, ya que se les intenta procesar por delitos de alto impacto “que afectan la Estabilidad Económica del País, la Administración de Justicia, la Seguridad Pública Nacional, así como la correcta función del servicio público y el patrimonio del Estado Mexicano”.
