Ciudad de México.– Ser empleado en México no es fácil. La sistemática disminución del poder adquisitivo de los salarios, la inflación, el alto costo de los servicios y los elevados precios del transporte, servicios particulares de salud y los alimentos, junto con una Reforma Laboral que flexibilizó el sistema de despidos y una Reforma Fiscal que endureció el régimen para los contribuyentes cautivos, hace que muchos mexicanos vivan una odisea para sobrevivir.
En el reverso de la moneda está el Poder Legislativo. La remuneración de los representantes populares no se mide en salarios mínimos. Tampoco sus prestaciones laborales, que se ajustan a los días de dieta de los diputados y senadores.
Los datos de la Cámara de Diputados indica que cada representante popular percibe 74 mil pesos de “dieta mensual”, es decir de sueldo; 45 mil 786 pesos por “asistencia legislativa” y 28 mil 772 pesos para “atención ciudadana”.
En total, cada Diputado federal gana mensualmente 148 mil 558 pesos libres de impuestos. Es decir, cuatro mil 952 pesos diarios, cifra muy lejana a los 67 pesos con 29 centavos que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó como salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Esto significa que cada legislador gana diariamente el equivalente a 74 veces el salario mínimo. El salario no distingue: es lo mismo para los que ganaron con el voto de los mexicanos (uninominales) o aquellos que llegaron porque su partido los designó directamente.
Para especialistas en la materia, si bien es cierto que el representante popular tiene a su cargo la importante encomienda de hacer leyes, ser contraparte del Poder Ejecutivo y asignar los recursos públicos de la Nación, tareas que por sí mismas requieren una remuneración acorde a sus labores, también existe el problema de que el 60 por ciento de los representados vive en pobreza o pobreza extrema.
“Sí hay una diferencia importante respecto a lo que gana la gente en general con lo que gana un representante popular o un servidor público en general”, afirmó Guillermo Ávila Resendiz, investigador del Proyecto Ciudadanía y Parlamento Abierto de Fundar.
AGENCIAS
