Por: Andrés Timoteo / columnista
El domicilio de la periodista Lupita Fuentes Barco fue atacado a balazos la madrugada del martes. Los impactos, en el portón y una pared, no fueron balas perdidas sino blancos dirigidos. No se necesita ser muy avezado en la metodología criminal para entender este tipo de mensajes, tan comunes en la delincuencia organizada, la clásica y la mezclada con la política: quieren sembrar el miedo, amedrentar a la colega.
Lupita Fuentes Barco no sólo es reportera sino también es la candidata de la izquierda progresista –hoy representada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)- a la presidencia municipal de Orizaba. Y además es la puntera en la intención del voto, en el entendido de que en los comicios del mes de junio se alzaría con la victoria, dejando atrás a sus competidores de la derecha, o sea al candidato panista y al priista.
Por eso la comunicadora es doblemente incómoda para quienes ostentan los cotos del poder local.
Ella pone en riesgo, por un lado, la continuidad patrimonialista en la administración municipal y por el otro atajaría el cacicazgo naciente de los militantes panistas. En pocas palabras, azules y rojos están que trinan contra la periodista pues es ella a quien tienen que vencer en las urnas.
Sin embargo, en los merenderos políticos se mastica una especie algo inquietante: que ese intento de amedrentar a la periodista Fuentes Barco salió del Palacio municipal. El alcalde Juan Manuel Diez Francos está desesperado porque su satrapía iniciada hace casi diez años, en el 2008 cuando fue presidente por primera vez, está amenazada y no pretende soltar la silla municipal a otro que no sea su socio o su subordinado. La retendrá a lo que cueste. ¿Será posible?
La versión se alimenta con la actitud de los funcionarios municipales quienes minimizan el ataque a balazos contra la vivienda de la reportera. También porque a Diez Francos se le conoce por intolerante y misógino. Si no le importó apalear a mujeres vendedoras que se le atravesaron en sus planes, imagínense lo que puede hacer contra la periodista que pone en riesgo su satrapía.
Durante todo el sexenio pasado, Diez Francos negó que en Orizaba hubiera un problema de inseguridad pero las balaceras, secuestros y asesinatos eran cosa cotidiana. Tampoco permitió que ingresaran las corporaciones policíacas Estatales y Federales pues siempre negó la realidad. Por si fuera poco, mantuvo durante muchos años –desde su primer periodo como edil- a Pedro Ángel Mendoza, alias “El Rambo”, a cargo de la policía municipal aun cuando eran conocidos sus nexos con la delincuencia. El comandante policíaco fue ‘levantado’ por un grupo armado en junio del 2014 y nunca se volvió a saber de él.
ESQUELETO EN
EL ARMARIO
La sumatoria de todo lo anterior sustenta la sospecha de que, acorralado por el futuro de su cacicazgo municipal, el ‘Loco Diez’ –como le apodan los empresarios de la zona- haya sido capaz de emprenderla a balazos contra la periodista Fuentes Barco. Esa línea de investigación debe ser explorada por la Fiscalía estatal porque cuando el poder se comienza a escapar, muchos terminan ‘destornillados’ y se vuelven extremadamente peligrosos.
Ah, y en esas ironías de la vida, el Alcalde orizabeño ¡es cuñado de uno de los comisionados para la protección de periodistas! Vaya con estas paradojas, o más bien ‘para-jodas’. Ahora se verá si el pariente político inicia o no una investigación para confirmar si fue él quien atentó contra la compañera reportera.
En otro berrinche, el “Loco Diez” acaba de declarar “persona non grata” al sacerdote Alejandro Solalinde, responsable del albergue “Hermanos en el Camino”, en Oaxaca y quien el pasado 22 de marzo estuvo en Veracruz denunciando, una vez más, que la entidad es el cementerio clandestino más grande del país y señalando a las autoridades y al clero de ser cómplices, por omisión, en la desaparición forzada de miles de personas.
Fúrico, Diez Francos tildó al religioso oaxaqueño de ser “un tipo ventajoso, mentiroso y fuera de su realidad”.
¿Por qué le caló hondo al edil orizabeño tal denuncia del padre Solalinde? Porque tiene un desaparecido en el armario.
No hay que olvidar que Diez Francos junto con su socio Hugo Chahín, están acusados por la voz popular de ser los autores intelectuales de la desaparición forzada del comerciante Gabriel Antonio Gómez Caña el 25 de marzo del 2011.
Gómez Caña, quien era uno de los 500 vendedores ambulantes que estaban en plantón permanente en el parque Apolinar Castillo, protestando por la represión del Ayuntamiento, fue plagiado y nada se sabe de su paradero desde hace seis años.
En ese entonces era alcalde Chahín Maluly pero el que seguía gobernando el municipio a trasmano era Diez Francos.
La familia de Gómez Caña presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia –hoy Fiscalía General- por la desaparición forzada, pero nunca lo buscaron. Eran los tiempos del duartismo en los cuales Diez y Chahín hacían valer sus influencias.
El 3 de abril de ese mismo 2011, con apoyo de organizaciones civiles, la familia dirigió una carta al presidente Felipe Calderón, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia y a Jeremy Sarkin, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, exponiendo el caso y la negativa de las autoridades veracruzanas para investigar el paradero del comerciante. Pese al clamor dirigido hasta organismos internacionales, el comerciante sigue sin aparecer.
De ahí que a Diez Francos le incomoda mucho el tema de las personas desaparecidas. Él quisiera que todo se borrara de la memoria colectiva, que nadie se acordara de Gabriel Antonio Gómez Caña ni de los demás desaparecidos en Veracruz. Por eso también, el edil orizabeño repudia al padre Solalinde porque el religioso es un recordatorio vivo del pecado que arrastra y por el cual deberá -tarde o temprano y aquí o en el plano espiritual- rendir cuentas.
