En un desarrollo legal sorprendente, una jueza federal ha emitido una orden de suspensión que prohíbe temporalmente el acceso a los 15,800 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuya extinción fue aprobada por el Congreso hace menos de dos semanas. Esta decisión ha detenido, al menos por ahora, las negociaciones con el Poder Ejecutivo destinadas a utilizar estos recursos para ayudar a las personas afectadas por el huracán “Otis”.
La Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa, Elizabeth Trejo Galán, dictaminó: “Se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto reclamado, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social”. Además, señaló que la suspensión no afecta el interés público, ya que la reforma legal no especifica el propósito de uso de estos fondos.
Esta suspensión fue solicitada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), quienes se verían afectados por la pérdida del fideicomiso que garantiza sus pensiones complementarias. La jueza Trejo, a pesar de no ser parte de la JUFED, no encontró impedimentos para considerar su solicitud.
La semana pasada, un juez en Chihuahua emitió una suspensión similar, que solo afectaba a los cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Sin embargo, la sentencia de hoy abarca no solo esos fideicomisos, sino también los seis fondos de la Suprema Corte de Justicia, lo que según las fuentes, impide continuar las negociaciones que habían sido aceptadas por la Presidenta de la Corte, Norma Piña, con respecto al uso de estos fondos en la reconstrucción de Acapulco.
La Jueza Trejo tiene previsto resolver el 14 de noviembre si concede la suspensión definitiva, lo que podría congelar indefinidamente los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial en México. Esta decisión legal plantea interrogantes sobre el destino de estos fondos y su impacto en los miembros del PJF, que han adquirido derechos significativos en materia de trabajo y seguridad social a lo largo de sus carreras.
