AGENCIA
Nacional.- Los cinco años de Francisco Garduño Yáñez al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) estuvieron caracterizados por graves violaciones a los derechos humanos de migrantes, una política de contención masiva militarizada y denuncias de irregularidades multimillonarias en la gestión de recursos. Uno de los episodios más trágicos bajo su administración fue el incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez en marzo de 2023, que dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos.
Hoy, Garduño deja su cargo para ser reemplazado por el gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum para encabezar la política migratoria del país. Sin embargo, su salida del INM no significa el fin de su influencia pública, ya que sigue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la tragedia de Ciudad Juárez. En ese incidente, los custodios abandonaron a los migrantes encerrados en las celdas durante el incendio. A pesar de sus intentos de llegar a un acuerdo financiero con las víctimas para suspender el proceso penal, estas han rechazado su oferta.
Garduño fue nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, con la tarea de frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, como parte de un acuerdo con el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Bajo su mando, el INM implementó una estrategia de contención migratoria con el apoyo de la Guardia Nacional, lo que resultó en 2 millones 497 mil detenciones de migrantes entre julio de 2019 y julio de 2024, convirtiendo al instituto en una de las instituciones más denunciadas por abusos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acumulando 5 mil 596 quejas.
Además de las violaciones a los derechos humanos, su gestión estuvo manchada por escándalos financieros. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en noviembre de 2021 la contratación irregular de empresas fantasmas por un monto de 324 millones de pesos, de los cuales 230 millones terminaron en 26 compañías de papel.
Estas irregularidades implicaron a una red vinculada a Uri Emmanuel Ansbacher, conocido por vender el spyware Pegasus a gobiernos anteriores. Posteriormente, en 2023, la ASF descubrió nuevos contratos adjudicados directamente a empresas de seguridad sospechosas para vigilar centros de detención, y a una compañía acusada de corrupción para equipar y remodelar las instalaciones del INM.
El endurecimiento de la política migratoria bajo Garduño dejó un legado de abusos y escándalos, generando preocupación por el futuro del INM bajo el mando de Céspedes y la presidenta Sheinbaum, quienes tendrán el reto de enfrentar la crisis migratoria en México mientras intentan restaurar la confianza en la gestión de la institución.
