AGENCIA
Francia.- El Tribunal Supremo de Francia confirmó este miércoles la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy, lo que convierte la sentencia en definitiva. A sus 69 años, Sarkozy se convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una pena de arresto domiciliario con brazalete electrónico, que tendrá que portar durante un año. A pesar de esta decisión, sus abogados han insinuado que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque esto no suspende la ejecución de la pena.
El caso en cuestión, conocido como el “caso Bismuth”, se remonta a 2014 cuando las autoridades interceptaron conversaciones telefónicas entre Sarkozy y su abogado, que implicaban contactos con un magistrado para obtener información sobre una investigación en curso a cambio de un puesto honorífico para el juez en Mónaco. Estas escuchas llevaron a la apertura de una investigación que culminó en la condena de Sarkozy, dictada inicialmente en marzo de 2021 y confirmada en apelación en mayo de 2023.
El expresidente, que dejó el poder en 2012, ha enfrentado una serie de problemas judiciales desde su salida del Elíseo. A pesar de estar alejado de la primera línea política, sigue siendo una figura influyente dentro de la derecha francesa. Además de esta sentencia, Sarkozy enfrenta otros juicios pendientes. El próximo 6 de enero comenzará el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, en la que se le acusa de recibir dinero del régimen libio de Muamar Gadafi. En ese juicio también estarán involucrados dos exministros de su gabinete.
Asimismo, aún está pendiente una apelación por el caso de la financiación ilegal de su campaña de 2012, por el que fue condenado el año pasado a un año de prisión, con la posibilidad de cumplir la pena bajo arresto domiciliario y brazalete electrónico.
Sarkozy sigue lidiando con una agenda judicial cargada mientras mantiene una destacada presencia en la vida pública, con una exitosa carrera como escritor y contacto regular con el presidente Emmanuel Macron. Sin embargo, la justicia francesa continúa reservándole serios reveses legales que podrían prolongarse en los próximos años.
