La implementación estatal para combatir el lavado de dinero en México, siguiendo el modelo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel nacional, se ha revelado como un rotundo fracaso. A pesar de la inversión de 26 millones de pesos en 2022, con el 92% de los fondos provenientes del gobierno federal, los resultados son alarmantemente insatisfactorios. Durante el año pasado, las unidades estatales solo lograron identificar 74 carpetas de investigación, de las cuales apenas 8 avanzaron al proceso de judicialización. Este análisis proviene del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y expone los problemas inherentes a estas unidades, conocidas como Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).
El informe resalta que la mayoría de estas unidades operan con un personal sumamente reducido, desde una sola persona en Baja California Sur hasta 15 en la Ciudad de México. Solo dos estados, Guanajuato y Querétaro, se destacan por su actividad, con 42 y 30 carpetas de investigación, respectivamente, de las cuales 8 llegaron a etapa judicial. Además, la falta de homologación del tipo penal del lavado de dinero en solo seis estados con respecto al gobierno federal representa una de las fallas fundamentales.
Este enfoque estatal, impulsado hace una década, duplica funciones y resulta costoso e ineficaz según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad. En resumen, la implementación de estas unidades no ha logrado producir resultados tangibles y se vislumbra una perspectiva desalentadora para su desempeño en el futuro, incluso si se les da más tiempo para madurar y desarrollarse.
