CDMX.- Hoy entra en vigor el la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, pero a decir de especialistas en materia de transparencia y de rendición de cuentas, académicos y hasta de legisladores federales, sin Fiscal Anticorrupción y sin magistrados especializados “operará con deficiencias”.
Retrasos en la armonización de las leyes, nombramientos cuestionables en las fiscalías designadas y la nula instalación de los Tribunales Locales de Justicia Administrativa, hacen que se tenga poca certeza en la efectividad de este novedoso esquema legal para combatir las redes de corrupción, tanto en el Sector Público como en el ámbito privado.
Hace un año, fueron promulgadas las siete leyes que conforman el SNA. Su integración quedó así: Secretaría de la Función Pública (SFP), Auditoría Superior de la Federación (ASF), Comité de Participación Ciudadana (CPC), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
A ellos, deberían agregarse el Fiscal Anticorrupción de la PGR, el Presidente y a los 18 integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); estos últimos cargos estaban bajo la responsabilidad de los Senadores de la República, pero incumplieron en sus deberes y es así como nace.
CON DIFICULTAD
A nivel nacional las cosas no pintan mejor. La creación de los sistemas locales avanza con dificultad. Apenas la semana anterior, Veracruz, penúltimo Estado en hacerlo, realizó su Reforma Constitucional que incluyó la creación de su Ley Local Anticorrupción, la designación de su Fiscal y de su Tribunal, así como del Comité Ciudadano.
En contracorriente la única Entidad que no ha cumplido hasta esta fecha es Chihuahua. Valga en su descaro que fue el pasado 5 de julio cuando el mandatario Javier Corral presentó la iniciativa de Reforma Constitucional, sin embargo, cinco días después la retiró con el propósito de despejar “dudas” y permitir que se sumen todas las fuerzas políticas representadas en aquel Estado norteño.
Las últimas actualizaciones sobre el avance en esta materia, indican que sólo siete estados de la República tienen fiscales y cinco cuentan con sus tribunales.
NO PODRÁ OPERAR
Para Mauricio Merino Huerta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), este tema puede resultar muy trascendente, ya que en la medida que los sistemas locales estén demorados, “el SNA en su conjunto no podrá operar con toda la eficacia que se espera”.
Pero no sólo queda en eso, hay también preocupación de otros actores sociales, en donde sí se han cumplido los tiempos, pero los nombramientos hechos causan polémica.
UN CASO
En Puebla, el 24 de abril pasado, el Fiscal General, Víctor Carrancá, nombró a Enrique Flota Ocampo como Fiscal Anticorrupción. El hombre ya había sido Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y su estadía en ese cargo no dejó un grato recuerdo, luego de que salió a dar la cara para pedir disculpas, por el crimen del menor José Luis Alberto Tehuatlie, en un enfrentamiento armado entre pobladores y policías estatales, a nombre del Gobierno de Rafael Moreno Valle, de quien se sabe, es muy cercano.
Para el investigador Merino Huerta, los ciudadanos no podemos ni debemos dejarnos convencer con el cuento de que el Sistema Nacional Anticorrupción puede “fracasar”.
“Puede haber muchos obstáculos, pero los ciudadanos no podemos permitir que el sistema fracase y se tire a la basura, porque ganarían, como hasta ahora ha sucedido, los corruptos”, detalló.
Las otras entidades donde la polémica ha subsistido son: Nayarit, Morelos, Sonora, Estado de México y Querétaro, y es este último Estado el que ha completado su Sistema Local Anticorrupción.
Oaxaca y Chiapas ya también han designado a su Fiscal, pero no han cumplido con la creación de sus tribunales y ninguno de los que llevan avances, parece estar muy interesado por conformar su Comité Ciudadano.
CON RETRASOS
Los demás estados tienen retrasos en todos sus rubros. Y aquí es importante recuperar las palabras de Fernando Alcázar, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), porque si bien, la Ley Federal sólo contempla un plazo para la aprobación de las leyes y la implementación de los sistemas locales, no estipula ninguna sanción para los estados ante los retrasos.
“Una sanción concreta no hay, en ningún transitorio a nivel federal se establece una sanción, salvo el caso de que en los estados se haya establecido así. Los estados que tienen fiscales son la minoría y desde el 2014 aguardamos por la designación de parte del Senado de la República, del Fiscal Federal Anticorrupción”, declaró.
A LO ÚLTIMO
Tabasco, Jalisco, Veracruz y Colima, aprobaron, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, la creación de sus sistemas, mismos que recibieron críticas de grupos empresariales y de la sociedad civil, por dejar a lo último tan importante tema.
En el caso de Veracruz, la votación no fue unánime debido a la ausencia de dos legisladores. Con 48 votos salvaron el trámite y la vergüenza. Y juntos como “amigos” emitieron un comunicado en el que los cinco grupos parlamentarios plurales, abiertos y democráticos plasmaron sus preocupaciones por instaurar el Sistema Local Anticorrupción. Faltará ver para cuándo lograrán consensos.
Hoy nace el SNA sin su Fiscal encargado de investigar a los corruptos, así hasta suena a broma.
