NAYELI RÍOS
EL BUEN TONO
FORTÍN.- En este municipio, el desorden no es consecuencia de una administración rebasada, sino de un gobierno que eligió la anarquía como estrategia. Gerardo Rosales Victoria, presidente municipal, desacata abiertamente el Reglamento de Comercio Municipal que prometió hacer respetar, al permitir y fomentar la invasión ilegal de banquetas, calles y áreas públicas por parte del ambulantaje.
Dicho reglamento, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 522, del 12 de agosto de 2015, prohíbe de manera expresa que comerciantes informales se instalen de forma permanente en la vía pública. Este ordenamiento contempla sanciones que van desde multas hasta el aseguramiento de mercancía cuando se invade el espacio común, con el propósito de preservar el orden urbano, la seguridad vial y el derecho a transitar libremente.
Mientras otras ciudades han implementado acciones firmes para hacer cumplir sus reglamentos municipales, en Fortín se actúa en sentido contrario. El gobierno morenista no sólo ignora la ley: la viola de forma deliberada y promueve su incumplimiento.
Rosales ha convertido a su administración en el principal soporte de estas prácticas irregulares, operando junto a su director de Desarrollo Económico, Ernesto Arteaga, señalado por entregar espacios en calles y banquetas a cambio de pagos ilícitos que oscilan entre 250 y 500 pesos por metro cuadrado.
Se trata de un esquema de corrupción disfrazado de política pública.
El caos urbano ha llegado a niveles alarmantes. El ayuntamiento marcó con conos y cintas un “paso exclusivo” sobre la carpeta asfáltica, obligando a los transeúntes a caminar entre vehículos en movimiento. Esta medida irresponsable provocó ya un incidente grave: una mujer procedente de Tetelcingo, Coscomatepec, fue arrollada por una patrulla, tras evitar la acera bloqueada por los vendedores ambulantes.
A diferencia de otros municipios que protegen el orden y los derechos colectivos, en Fortín se tolera –e incluso se respalda– la ocupación arbitraria de espacios compartidos, afectando directamente al comercio establecido y a la ciudadanía. Aquí, la ley quedó reducida a letra muerta. Lo que en otras demarcaciones se defiende como principio de gobernabilidad, en este ayuntamiento se pisotea a diario.
La gestión municipal ha renunciado por completo a su obligación de poner orden, optando por sostener redes de lealtad política a costa de la seguridad y el bienestar colectivo. Rosales no sólo permitió esta situación: la promovió.
Su administración apuesta por el descontrol como herramienta de control electoral, sacrificando la legalidad para consolidar pactos con actores que operan al margen del marco normativo.
El comercio formal —que cumple con obligaciones fiscales y crea empleo— ha sido marginado, y el informalismo tiene protección a cambio de dinero.
