AGENCIA
Xalapa, Ver.- La Fiscalía General de Veracruz se ha negado en cinco ocasiones entre 2022 y lo que va de este año a aceptar el mismo número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); de estas al menos una está relacionada con detenciones arbitrarias y actos de tortura física y sexual por parte de la Policía Ministerial y debido a la omisión de investigar de manera diligente casos de desaparición de personas.
En una consulta realizada a abogados y defensores de derechos humanos, advirtieron que la falta de aceptación a estas recomendaciones evidencia la mala integración de las carpetas de investigación, la recurrencia en actos de tortura para obtener confesiones, así como la violación al Estado de Derecho y por ende la persistencia de la impunidad.
La integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Anaís Palacios, aseguró que es grave que se considere que aceptar una recomendación significa ponerse del lado de los presuntos delincuentes porque en muchos de los casos las recomendaciones se deben a la falta de diligencia en investigaciones de desapariciones de personas.
Dijo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga las posibles violaciones a los derechos humanos o incluso las omisiones en las investigaciones, faltas al debido proceso, por lo que es grave que se considere que es ponerse del lado de los presuntos responsables, como lo ha manifestado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
“La tarea del aparato estatal es promover, garantizar y respetar los derechos humanos y evitar que otros los violenten. Cuando en el cumplimiento de un derecho se insinúa la protección a presuntos delincuente es no entender las funciones que tienen, no solo no entenderlas, no asumirlas y no cumplirlas”.
Y afirmó que mediante el rechazo a las recomendaciones se da un aval a que las malas prácticas, a que los malos procedimientos y actos corruptos de administraciones anteriores queden sin ningún tipo de consecuencia.
“No es solo colocar leyendas en boletines donde dicen que se garantizan los derechos de los imputados, es cómo se promueven de fondo los derechos humanos desde las instituciones que tienen como encargo la investigación de los delitos”.
