
La Fiscalía del Estado de Jalisco ha desmentido la existencia de hornos clandestinos en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, aunque ha confirmado la presencia de inhumaciones ilegales. En un comunicado emitido esta noche, las autoridades aseguraron que llegaron a esta conclusión tras una reunión con peritos y representantes de instancias federales.
Según el informe, las perforaciones encontradas en el predio no corresponden a hornos artesanales, ya que no se hallaron indicios de la acción del fuego. Sin embargo, se confirmó la existencia de fosas clandestinas, donde se han localizado fragmentos óseos, prendas de vestir e indumentaria.
La investigación ha contado con la participación de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. A estos esfuerzos se han sumado la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, aportando tecnología avanzada y personal especializado para fortalecer las pesquisas.
Las labores en el Rancho Izaguirre han incluido excavaciones, análisis de indicios y la aplicación de herramientas tecnológicas como drones multiespectrales y térmicos, georradares, estudios electromagnéticos y de resistividad eléctrica. Estas técnicas han permitido obtener tomografías del subsuelo, revelando posibles áreas de inhumación clandestina.
Por otro lado, aunque los Colectivos de Búsqueda habían alertado sobre la aparición de una nueva habitación en el predio, la Fiscalía descartó la presencia de hornos. En su lugar, se identificaron habitaciones, baños, cocina, bodegas, un área de adiestramiento táctico y otra de acondicionamiento físico.
El comunicado oficial no abordó la denuncia de la Comisión Nacional de Búsqueda sobre la presencia de sosa cáustica en el sitio, un químico altamente corrosivo capaz de disolver tejido blando, el cual, según los colectivos, está esparcido en una gran parte del terreno.
Las autoridades han asegurado que continuarán con las investigaciones en la zona hasta agotar la recuperación de indicios. Mientras tanto, los colectivos mantienen su postura y exigen mayor transparencia en las pesquisas sobre las actividades del crimen organizado en la región.
