Termina otro año para México sin capacidad de resolver nuestros principales males como sociedad y como Estado.
Un año que comenzó con enormes expectativas del país que dentro de muy pronto
seríamos.
Un país de progreso, modernidad y con capacidades para resolver el principal cáncer social: la pobreza y la desigualdad, así como sus
efectos nocivos.
Un año que comenzó con la aprobación de reformas legales (denominadas estructurales) en temas fundamentales para el propósito antes señalado.
Un año en el que se iba a estrenar la Reforma Educativa para dar un viraje contundente en la calidad de la enseñanza de los niños y jóvenes
mexicanos.
Un año en el que también empezó a operar el sistema fiscal propuesto por el actual gobierno, en el que se nos pidió a los contribuyentes cautivos hacer un mayor esfuerzo en aras a tener una mejor economía para todos y que se pronosticó con enorme seguridad que alcanzaría 3.9% de crecimiento, a partir de calcular un precio del petróleo de hasta 85 dólares por barril y en el que esta moneda llegó a estar por debajo de los 13 pesos
la unidad.
Un año en el que vendría una transformación fundamental en materia de telecomunicaciones, que acabaría con el monopolio del sector al abrir la competencia y con ello el usuario tendría mejores tarifas y un servicio de
mayor calidad.
Un año en el que se aprobaron las reformas a la legislación en materia energética, que involucraría la atracción de capitales extranjeros a partir de una expectativa de que México había cambiado y la mesa
estaba servida.
Un año en el que inició con el desborde del problema de seguridad en Michoacán a partir de los choques entre autodefensas y bandas del crimen organizado que se habían hecho del control territorial de gran parte de la entidad.
Un año en el que se dijo que ése era un problema focalizado por el desgobierno local y que el resto del país presentaba síntomas de normalidad
y paz social.
Un año en el que se esperaba que el gobierno de Estados Unidos lograra que se apruebe una reforma migratoria que le cambiaría la vida a cerca de 15 millones de connacionales que viven ahí.
A escasos días que termine el año, hoy tenemos que efectivamente la reformas se aprobaron con enorme éxito en la negociación política por parte del presidente Peña Nieto, pero todavía estamos muy lejos de que se haga palpable la efectividad de lo que los legisladores aprobaron
en papel.
Ejemplo de ello es que hoy tenemos un sistema educativo convulsionado a partir de un grupo numeroso de maestros que sencillamente ignoran las obligaciones que les confiere la Reforma Educativa.
Un año que termina con un crecimiento económico mediocre que según los expertos no rebasarán 2.3% (1.6 menos que lo anunciado); un año en el que el precio del petróleo está por de bajo de los 50 dólares y en el que esta moneda está a punto de alcanzar
los 15 pesos.
Un año en el que los esfuerzos de los nuevos competidores del sector de las telecomunicaciones no le hacen ni cosquillas a los grupos cuasi monopólicos del país, como los son Telmex y Televisa, y que la calidad de los servicios sigue siendo de ínfima calidad y con las tarifas más altas a nivel mundial.
Un año que termina sin saber bien a bien cómo se comerá la Reforma Energética, con enormes retos para las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) y aún con la expectativa de conocer el grado de éxito de la ronda uno por parte de los capitales de inversión privada.
Un año que además termina con un déficit importante en el sistema de justicia a nivel federal y local, que convierte en un alto factor de riesgo para dichos capitales la inseguridad jurídica a la que se podrán enfrentar sus respectivos negocios.
Un año que se cierra sin haber logrado mejorar la situación de Michoacán pese a casi un año de haber sitiado la entidad por parte del
gobierno federal.
Lo más difícil de procesar en todo el año, un año que culmina con 43 jóvenes asesinados en Guerrero por quienes detentaban la autoridad municipal; en donde, además, aparecen decenas de cadáveres en fosas clandestinas y que todo ello llama a la rebeldía colectiva por la ausencia total del Estado de derecho en múltiples zonas del país.
Un año que termina con el descrédito colectivo de la clase política por su incapacidad y falta de convicción para resolver los problemas que México presenta y por la pusilanimidad genérica que se observa de sólo velar por sus intereses personales y los de los grupos políticos a los que pertenecen, en vez de velar por sus electores y gobernados.
Un año que termina con una sociedad furiosa con esa clase política por los abusos, complicidades e impunidad absoluta que se dan en todos los niveles de gobierno; al mismo tiempo, y por incomprensible que parezca, un año que acaba con una clase política molesta y amenazante con sus ciudadanos por osarse alzar la voz y decir: ya basta.
*Abogado y extitular de la Fepade
jl_var@yahoo.com