AGENCIA
Nacional.- Las fiscalías estatales han reportado un alarmante aumento en el número de fosas clandestinas en México, revelando inconsistencias y falta de transparencia en los registros oficiales. La Plataforma Ciudadana de Fosas, impulsada por las organizaciones Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, presentó hoy una actualización de sus datos, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebrará el próximo 30 de agosto.
Según los datos presentados, las fiscalías estatales registran un total de 4 mil 565 fosas clandestinas desde 2006 hasta junio de 2023, lo que se traduce en 6 mil 253 cuerpos y 4 mil 662 fragmentos reportados. En contraste, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta solo 587 fosas y mil 705 cuerpos, lo que genera una diferencia notable: mil 934 fosas más reportadas por las fiscalías locales en comparación con las fuentes abiertas, y 3 mil 978 más frente a los datos de la FGR.
El análisis de la plataforma también destaca que, a partir de notas de prensa entre 2006 y 2022, se contabilizaron 2 mil 631 fosas, 6 mil 524 cuerpos y 49 mil 597 restos. A pesar de las cifras alarmantes que muestran un incremento significativo de fosas en manos de las fiscalías estatales, estas mismas instituciones reportan 271 cuerpos y 44 mil 935 restos menos que los que consignan las fuentes abiertas.
La presentación reveló que los estados con más fosas halladas desde 2006 hasta junio de 2023 son Sonora (750), Veracruz (548) y Tamaulipas (475), los cuales concentran el 39 por ciento (%) del total. En contraste, las fuentes abiertas indican que Guerrero (388), Veracruz (361) y Sonora (221) presentan los registros más altos, representando el 37% del total de hallazgos.
La crisis de desapariciones en México es crítica; más de 116 mil personas permanecen desaparecidas al 13 de mayo de 2024. Las organizaciones señalan que esta problemática ha sido exacerbada por la militarización de la seguridad pública, iniciada en el gobierno de Felipe Calderón y continuada bajo las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Durante la presentación, se enfatizó la importancia de esta plataforma como un recurso esencial para visualizar cómo se distribuyen las fosas clandestinas en el país, así como la necesidad urgente de que el Estado mexicano cumpla con su obligación de buscar, identificar y restituir dignamente los cuerpos no identificados.
La actualización de la plataforma se realiza de cara al nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, presidenta electa, quien deberá afrontar el compromiso de atender la crisis de derechos humanos que afecta a México. Las organizaciones civiles insisten en que la búsqueda de personas desaparecidas es una deuda pendiente que debe ser atendida sin más demora.
