AGENCIA
Chihuahua.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a las omisiones en que incurrió como directivo de ese órgano desconcentrado que estaba obligado a preservar la vida de los 40 migrantes que murieron en el incendio registrado el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
La Fiscalía también anunció que va a proceder contra el Director General de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, y el Delegado de Migración en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero.
Mediante un comunicado, la FGR explicó que Garduño y Molina serán imputados por incurrir en presuntas conductas delictivas que propiciaron la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que se configura una violación al artículo 214, fracción VI del Código Penal Federal.
De acuerdo con la norma invocada, incurre en el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad descrita, cualquier funcionario que “teniendo obligación por razones de su empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma, propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)
Las penas previstas en el Código Penal Federal para este delito van 2 a 7 años de prisión y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y al menos uno de sus subordinados podría enfrentar su proceso penal en libertad, a menos que la Fiscalía General de la República solicite prisión preventiva justificada, argumentando riesgo de fuga.
Por lo que se refiere a otros servidores públicos, la FGR también anunció la determinación de proceder contra cuatro servidores públicos directamente relacionados con los delitos de homicidio y lesiones, incluyendo al delegado de Migración en Chihuahua.
Se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
En el comunicado que la FGR divulgó para anunciar que procedió penalmente contra Francisco Garduño, un hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia afirmó que durante la investigación por la muerte de 40 migrantes y las lesiones que sufrieron otras 25 personas, se encontró que los directivos de Migración incurrieron en un patrón de omisiones que afectaron la seguridad de sus instalaciones.
La FGR agregó que dichas omisiones ya habían costado la vida a un migrante en Tenosique, Tabasco, el 31 de marzo del 2020, cuando se presentó un caso semejante en otra estación migratoria. Además, la Fiscalía reportó que Garduño también hizo caso omiso de diversas faltas y omisiones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo… indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, señaló la FGR en su comunicado.
Además, la Fiscalía advirtió que los contratos de vigilancia celebrados por la empresa CAMSA y el Instituto Nacional de Migración se suscribieron violando la obligación legal de realizar una licitación pública, ya que la adjudicación directa a la citada compañía de seguridad privada generó “costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos. La FGR continuará informando lo que legalmente proceda.
¿Lo cesarán o le darán el privilegio de que presente su renuncia? ¿Grabará video como hizo con Irma Eréndira y tantos otros? Y aún así les faltan varios como Adán Augusto “N” y Andrés Manuel “N”, entre otros.
La FGR difunde que procederá contra el delegado y responsables del INM ¿Será para darles oportunidad de escapar del país antes de que se ejecuten las órdenes de aprehensión? ¿Tan grande es la necesidad de tratar de lavarse la cara?
¿Y el funcionario del INM que dio la instrucción telefónica de no abrir la reja, cuándo?
Era su responsabilidad, que asuman las consecuencias, el Presidente confío en ellos y le fallaron, ¡cero impunidad!
