CDMX.- Rosario Robles denunció que la FGR pretende obligarla a delatar a sus superiores jerárquicos en los desvíos de la Estafa Maestra a cambio de su libertad, lo cual afirma no aceptará.
En una carta difundida esta mañana, previo a su audiencia intermedia que se celebrará en el Reclusorio Sur, la exfuncionaria reveló que la Fiscalía General de la República ha buscado a ex colaboradores para ofrecerles impunidad si declaran en contra de ella.
“Tengo información confiable (de fuentes al interior de la FGR, particularmente del área de servidores públicos) que se han reunido con ex colaboradores ofreciendo impunidad, a cambio de que declaren lo que ellos necesitan.
“También sé que lo que pretenden para que yo tenga mi libertad (como en otros casos) es que señale como responsables a ex colegas míos, de mayor jerarquía en el Gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás”, dijo Robles en su carta difundida en Twitter.
En la misiva, la ex titular de la Sedatu dio a conocer que el pasado 21 de octubre solicitó el sobreseimiento o desechamiento del proceso que se le sigue por las supuestas omisiones ante los devíos por más de 5 mil millones de pesos de la Estafa Maestra.
Robles comparecerá hoy en una audiencia intermedia, con dos solicitudes bajo el brazo: desechar el proceso por sus supuestas omisiones ante los desvíos de la Estafa Maestra, con el argumento de que el delito está derogado, y diferir 10 días hábiles la diligencia, ante la falta de dos dictámenes periciales.
La exfuncionaria se presentará hoy a las 10:00 horas en una sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en una audiencia intermedia, prevista para que la FGR la acuse en forma presencial por el ilícito de ejercicio indebido del servicio público y para depurar las pruebas del caso.
De acuerdo con fuentes allegadas a la exsecretaria de Estado, ella pedirá a través de su defensa la cancelación del proceso y, por consecuencia, su libertad absoluta, con base en una interpretación legal que concluye que el delito imputado está derogado.
Su planteamiento es que el ilícito se basa en que fue omisa ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados por más de 5 mil millones de pesos, lo que en términos formales significa que incumplió con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Pero esta norma, publicada en marzo de 2006, señala en su segundo artículo transitorio que todas las disposiciones que se opongan a sus lineamientos quedarán derogadas; al mismo tiempo, en su artículo 114 establece la conducta atribuida a Robles.
Según el análisis, esta ley especial señala que la sanción a esa conducta es administrativa, luego entonces, si esa norma deroga cualquier otro tipo de disposición contraria a dicho apartado legal, entonces la sanción penal debe estar derogada.
El Juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos será el responsable de presidir la audiencia y resolver la solicitud.
La extitular de la Sedatu y la Sedesol, después de que le resuelvan esta petición, solicitará al juzgador aplazar la audiencia intermedia por el plazo máximo de 10 días hábiles que marca la ley, ya que tiene pendiente por recabar un dictamen pericial de administración pública y otro de contabilidad.
En caso de que el juez rechace desechar el caso y decida celebrar la audiencia intermedia, entonces la FGR acusará en forma oral a Robles -ya lo hizo por escrito- y pedirá ante el juez que le impongan 21 años de prisión por la comisión del ilícito.
La Fiscalía también requerirá al juez condenarla a reparar el daño por una suma de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, suma a la que equivalen los supuestos desvíos que se cometieron en el sexenio pasado en la Sedatu y la Sedesol, como parte de la Estafa Maestra.
Acto seguido, la FGR y la defensa de Robles, encabezada por Epigmenio Mendieta, presentarán sus datos de prueba y será debatida la legalidad y pertinencia de cada una de ellas para un eventual juicio. La primera presentó 288 pruebas y la procesada un total de 53.
