Guerrero.- Familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la guerra sucia en Guerrero acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de proteger a militares criminales y de mostrar desprecio hacia las víctimas. A dos años de la creación de la Comisión de la Verdad para la guerra sucia, aún no saben dónde están sus familiares desaparecidos ni han visto que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
En una conferencia de prensa, Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, informó que en la región tienen registro de al menos 100 desaparecidos y 120 sobrevivientes. Sin embargo, ninguno de los 130 exmilitares involucrados ha sido llamado a declarar.
El Comité de Impulso a la Justicia de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la guerra sucia se ha desmantelado con la renuncia de tres de sus integrantes, incluida la penalista de Colombia, Ángela Buitrago. El informe del avance de las investigaciones está en manos de Alejandro Encinas, quien aún no lo ha hecho público.
Los familiares de las víctimas exigen que las investigaciones continúen durante el año restante de la Comisión de la Verdad y que se reactive el Comité de Impulso a la Justicia. Además, señalan una estrategia sistemática del Estado de proteger a militares criminales y un desprecio institucional hacia las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
La antropóloga Angélica María Ramírez Hernández, hija de una víctima de la guerra sucia, expresó que la esperanza que tenían en la Comisión para el Acceso a la Verdad se ha desvanecido. Exigen que se esclarezcan los hechos y se lleve ante la justicia a los responsables de estos crímenes.
La conferencia también mostró un telegrama de diciembre de 1971 firmado por el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, que instruía actividades para ubicar, hostigar, capturar o exterminar a grupos en la región, pero con medidas de seguridad y buen trato a la población civil.
Las víctimas y sus representantes denuncian la falta de resultados concretos y obstáculos para que se haga justicia en los casos de la guerra sucia, incluyendo la impunidad en la que murieron figuras como el expresidente Luis Echeverría y el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre.
