De la redacción
El Buen Tono
Ciudad de México.- La reciente votación en el Senado, en la que se aprobó el polémico “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha revelado una traición profunda a los principios democráticos y constitucionales. En un giro inesperado y alarmante, los senadores Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, junto con la diputada local de Oaxaca, Natividad Díaz, han sido expulsados del Partido Acción Nacional (PAN) por su apoyo a una reforma que, según críticos, no solo desmantela el Poder Judicial, sino que también representa una traición a la patria.
El PAN ha catalogado la votación de estos legisladores como un acto de traición, dado que la reforma al Poder Judicial promovida por AMLO es percibida como una reforma electoral encubierta. La medida introduce mecanismos para elegir a los jueces mediante un órgano electoral, extendiendo además el mandato de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta 2027. Este cambio no solo socava la independencia del Poder Judicial, sino que fortalece la influencia del poder ejecutivo en el sistema judicial.
La decisión de los Yunes de respaldar esta reforma ha sido vista por muchos como una venta de principios en favor de intereses políticos, abandonando el compromiso con la justicia y la democracia. La falta de una discusión adecuada, los “cambios irregulares” en el proceso legislativo, y la violenta irrupción en el Senado durante la votación han hecho que la reforma sea aún más cuestionable. La postura de los Yunes se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia aquellos que parecen priorizar sus intereses personales o políticos sobre el bienestar del país.
Marko Cortés Mendoza, líder del PAN, ha condenado enérgicamente la postura de los senadores y la diputada, instando a los Congresos Locales a rechazar la reforma y a resistir la presión del gobierno federal. Según Cortés, esta reforma no solo perjudica a las instituciones judiciales, sino que representa un ataque directo a la democracia y a los derechos de los ciudadanos mexicanos.
