La violencia contra turistas en las playas mexicanas volvió a acaparar titulares, esta vez en Veracruz, donde una familia fue víctima de una agresión por parte de comerciantes locales en la playa de Chachalacas, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván. El altercado ocurrió el pasado miércoles 23 de abril, durante el periodo vacacional de Semana Santa, y fue grabado por la propia víctima, Cris Cervantes, quien denunció públicamente el abuso.
En el video difundido en redes sociales, se escucha a una mujer grabando el momento en que su familia es atacada verbal y físicamente por un grupo de palaperos. Estos comerciantes, conocidos por instalar sus palapas en las playas, intentaron obligar a la familia a consumir productos en sus negocios para permitirles permanecer en la playa. El incidente comenzó cuando uno de los palaperos les aseguró que la playa era de propiedad privada y les exigió que retiraran su vehículo si no consumían algo en su restaurante.
Cris Cervantes, originaria del municipio de Cardel, explicó que su familia defendió su derecho a disfrutar de una playa pública, ya que, como establece la ley, las playas mexicanas son federales y de acceso libre para todos los ciudadanos. Sin embargo, los comerciantes insistieron en que ellos habían comprado el terreno y que, si no abandonaban la zona, llamarían a la policía.
La situación se tornó más tensa cuando uno de los palaperos agredió físicamente a Cervantes mientras ella grababa el incidente. Afortunadamente, logró esquivar el golpe que estaba destinado a su rostro, pero el atacante, visiblemente molesto, continuó haciendo señas obscenas ante la cámara, lo que aumentó la indignación de los espectadores.
Este suceso revive el debate sobre el acceso a las playas en México, un tema que había sido abordado días antes por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien recordó que “las playas son públicas y debe haber acceso público a ellas”. En redes sociales, el incidente provocó una ola de reacciones, con usuarios exigiendo sanciones y mayor seguridad para garantizar que las playas federales sigan siendo espacios libres y seguros para todos.
Hasta el momento, no se han reportado investigaciones ni sanciones contra los responsables del ataque, pero la presión de la opinión pública sigue creciendo. Mientras tanto, las autoridades deberán responder a las demandas de los ciudadanos que reclaman acciones para frenar la violencia y la privatización ilegal de los espacios públicos en las costas mexicanas.
