Mariana G. Hernández
El Buen Tono
Ixtaczoquitlán.- Aún cuando el estado de Veracruz cuenta con 43 defensores públicos, que a su vez son insuficientes, no hay excusa para afirmar que las personas indígenas o hablantes de otro idioma se les niega ese derecho, debido a que ningún juez puede llegar a una audiencia sin la presencia de un traductor, aseguró el director del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, Guilebaldo Maciel.
Detalló que la defensa pública es una obligación que tiene el estado, por lo cual se han establecido jornadas de capacitación, donde por mandato tienen que brindar el servicio en materia penal a quien lo solicite, en este caso a la persona imputada, siempre y cuando lo soliciten a petición de parte, de la Fiscalía o de la autoridad judicial, en este caso del juez en turno.
Maciel Mercado comentó que hasta el momento no han tenido conocimiento de ningún caso donde algún defensor público solicite dinero, y en el caso de que se tengan reportes de
actuará.
Exhortó a denunciar a quien pida alguna dádiva, porque expresó “una cosa son los dichos y otra cuando realmente existe un señalamiento que es necesario comprobar”.
Destacó que a pesar de que son 43 defensores públicos y 10 analistas jurídicos, en total 53 servidores públicos que trabajan en la defensoría y que tienen presencia en las cabeceras distritales y ante la falta de personal, el objetivo es que se trabaja con lo que se tiene.
Enfatizó que los defensores públicos no tienen que hablar el náhuatl en una audiencia, pero para que se lleve el correcto proceso y no se violenten los derechos del imputado que habla otro idioma, la Defensoría Pública mantiene una coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como con el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), porque ningún juez puede llegar una audiencia sin la presencia de un traductor, “todos deben estar protegidos por la legalidad”.
