Segunda parte
de tres
Agencias
CDMX.- El fiscal general de México, Alejandro Gertz, explicó el viernes en una conferencia de prensa, que el envío de 29 supuestos miembros de alto rango de los cárteles mexicanos se realizó conforme a las leyes vigentes en el país.
Gertz negó que se tratara de una extradición de narcotraficantes, y destacó que, en realidad, se cumplió con una “solicitud debidamente fundamentada” por parte de Estados Unidos.
El fiscal señaló que las bases legales para cumplir con la petición de Washington están en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional de México, que considera como amenazas a aquellos que “obstaculicen o bloqueen” las operaciones contra el crimen organizado.
También mencionó el artículo 89 de la Constitución mexicana, que le otorga a la presidenta de la República la facultad de celebrar tratados internacionales.
“Esas son las bases jurídicas”, afirmó Gertz, quien además hizo referencia al cumplimiento de la Convención de Palermo, que fomenta la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.
“No había otra razón para cumplir con lo que establece la Convención de Palermo: hubo una solicitud fundamentada del Gobierno de Estados Unidos, y esa fue la razón por la cual se activó todo este procedimiento”, insistió.
Asimismo, el fiscal detalló que Estados Unidos justificó su solicitud por las actividades criminales de estas personas en ese país, las cuales coinciden con las pruebas y los procedimientos que México tiene sobre su conducta.
“Creo que se abrió una opción dentro del marco legal mexicano que ellos (Estados Unidos) aprovecharon, y que resulta muy útil para establecer responsabilidades, sobre todo en cuanto a la respuesta del gobierno de México frente a problemas como el fentanilo y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Aquí no hay dudas de que estamos cumpliendo, eso quedó claro”, concluyó.
