Mariana Gutiérrez H.
El Buen Tono
Río Blanco.- Con una manifestación pacífica, ex obreros del Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la fábrica de Río Blanco, se manifestaron frente al palacio municipal para exigirle al alcalde, Ricardo Pérez García, les devuelva las llaves del auditorio Benito Juárez, con el que lucra desde hace dos años.
Los afectados acusaron que el edil, de extracción morenista, pretende adueñarse del inmueble pese a que en el Registro Público de la Propiedad aparece a nombre de la organización y no del municipio.
Durante la protesta, que inició después del mediodía, demandaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues ya están cansados de la prepotencia del edil, al pretender actuar por encima de cualquier mandato presidencial.
Abuso
“Este individuo dijo que él no está obligado a responder ante ninguna institución política federal, acción que nos demuestra su gran prepotencia”, expresaron.
Es por eso que, explicaron, hicieron un último llamado al gobierno de Veracruz, así como al Congreso del Estado, y a los integrantes del cabildo para que se den cuenta del abuso de poder de este sujeto,
“Antes de ser presidente municipal pidió el voto, y ahora hace lo mismo, pero no se lo daremos”, afirmaron.
Como se recordará, están en pie de lucha 535 ex obreros, quienes defenderán sus derechos para que Río Blanco sea ejemplo de lucha y no permitir que Ricardo Pérez García continúe mintiendo.
Robo
Acusaron que, desde hace dos años, Pérez García, cobra por el uso de una propiedad que no es del ayuntamiento, y de ese dinero obtiene ganancias, pero los ex obreros se quedan sin nada. Además de que la propiedad está custodiada por elementos del IPAX.
Los afectados recordaron que desde hace más de 34 años, el auditorio Benito Juárez pertenece a los más de 800 obreros, de los cuales 535 están activos y continuarán en defensa de las propiedades.
Los quejosos aseguraron que el funcionario se negó a reconocer a la Comisión Liquidadora bajo la excusa de que carecían de una toma de nota. Actualmente ya cuentan con el documento oficial avalado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
A pesar de lo anterior, el alcalde se niega a entregarles las llaves del inmueble.
