de la redacción
el buen tono
CÓRDOBA.- En medio de la controversia por la posible desaparición de la Fuerza Civil, Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), ha expresado duras críticas hacia la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Ante los abusos cometidos por la Fuerza Civil, ampliamente conocidos, asimismo, exigió que los oficiales de la extinta dependencia sean sometidos a exámenes de control y confianza y en caso de reprobarlos sean dados de baja, antes de que estos sean movidos de manera automática a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En ese sentido, subrayó que la falta de determinación para actuar y sancionar a los culpables mantiene a la ciudadanía en un constante estado de miedo. Dijo que antes de que los oficiales de la Fuerza Civil pasen a la SSP, estos tendrían que someterse a exámenes rigurosos de control y confianza. “En caso de no aprobar, deberían ser dados de baja, ya que permitir su transición automática implicaría perpetuar la misma corrupción que caracterizó a la anterior dependencia”, explicó.
Añadió que la administración de Morena ha adoptado una política de encarcelamiento estricta, heredada del minigobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, lo que contribuye a una gestión sin legitimidad jurídica y marcada por violaciones a los derechos humanos.
Este problema, según Molina Gómez, se ve agravado por jefes de policía que no garantizan la seguridad de las personas ni de sus bienes, resultando en un estado fallido en materia de seguridad.
“Yo no he visto que hayan sido castigados altos mandos de la Fuerza Civil ni de la Policía Estatal, que también han sido señalados por tener nexos con grupos delictivos. Sin embargo, lo acontecido el jueves pasado, donde perdieron la vida dos campesinos en Perote, pone de manifiesto la represión y el abuso de autoridad por parte del gobierno estatal”.
Concluyó afirmando que la próxima gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle García, debe auditar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fuerza Civil, y no permitir que oficiales ni mandos que hayan sido acusados por corrupción permanezcan en las fuerzas de Seguridad del Estado, “ya que es inaudito que la ciudadanía tenga temor hasta de su propia policía, que está para cuidarla, no para amedrentarla”, finalizó.
