Cd. de méxico.- Integrantes de grupos civiles entregaron este jueves, en el marco de la iniciativa ciudadana de Ley 3de3, 291 mil 467 firmas de ciudadanos que exigen al Senado de la República asumir un compromiso contra la corrupción.
Juan Pardinas, titular del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y Eduardo Bojórquez, de Transparencia Mexicana, hicieron la entrega de 14 cajas con las miles de firmas de los ciudadanos que pidieron a la Cámara Alta “un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y, en suma, combatir de frente la crisis nacional de corrupción”.
“A partir de hoy, cientos de miles de ciudadanos evaluaremos el compromiso real de cada uno de los integrantes del Senado de la República frente al desafío de la corrupción. El debate y la resolución legislativa de la iniciativa de Ley 3de3 que hoy presentamos en nombre de 291 mil 467 mexicanos permitirán comprobar si las iniciativas ciudadanas son un instrumento para incrementar la confianza hacia los políticos o profundizar la actual crisis de credibilidad”, manifestó el IMCO mediante un comunicado de prensa.
La llamada Ley 3de3 propone definir claramente la corrupción a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Pide rediseñar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y sancionar a particulares por hechos de corrupción. La iniciativa ha sido respaldada por más de 100 organizaciones que se han aliado en el esfuerzo de recolección de firmas y difusión de la iniciativa, las cuales incluyeron universidades, empresas y grupos de la sociedad civil.
La Ley propone que sean obligatorias las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública; directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos; un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
De igual forma, insta a establecer medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción; mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
