Agencias
Xalapa.- En medio de un escándalo de corrupción que sacude a la administración pública, se ha exigido la inhabilitación por al menos cinco años, de Fernando Yunes Márquez, quien actualmente se encuentra bajo investigación señalado por daño patrimonial y enfrenta dos órdenes de aprehensión. La inhabilitación impedirá que Yunes Márquez asuma cualquier cargo en la función pública, incluyendo su próximo puesto como diputado local.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una investigación en su contra por un daño patrimonial derivado de la Cuenta Pública 2021, en la cual se señala un monto no comprobado de 92 millones de pesos. Además, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) ha extendido sus investigaciones a otros funcionarios de la administración de Yunes Márquez, incluyendo a la ex síndica municipal Alma Aida Lamadrid Rodríguez y a la ex regidora Xóchitl Nathalie Arzaba Hernández, por faltas administrativas graves vinculadas al manejo de los recursos.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reportó un daño patrimonial por 117 millones 507 mil 043.04 pesos tras la revisión de los recursos del año 2021. A pesar de que el ayuntamiento, bajo la administración de Yunes Márquez, intentó solventar estas observaciones, sólo logró justificar el gasto de 24 millones 509 mil 173.75 pesos, dejando un faltante de casi 93 millones de pesos por comprobar.
Las irregularidades detectadas incluyen mal manejo en servicios de administración de un plan privado de pensiones, así como en la asesoría jurídica, contable y financiera a cargo de la empresa Laynher Estevia, S.A. de C.V., lo que llevó a la presentación de una denuncia penal el pasado 8 de abril.
La exigencia de inhabilitación de Yunes Márquez no sólo busca sancionar estas irregularidades, sino evitar que personajes cuestionados sigan ocupando puestos en el gobierno.
