Amatlán.- A un año del asesinato del ambientalista Noé Vázquez Ortiz, ocurrido el 2 de agosto de 2013 en este municipio, familiares y ambientalistas pidieron que se haga justicia.
Este 2 de agosto, Noé fue recordado por sus seres queridos y compañeros de lucha; quienes advirtieron que se seguirá exigiendo castigo contra los autores de este crimen que, hasta la fecha, no sólo no ha sido resuelto, sino que parece haber sido olvidado por las autoridades.
Familiares y amigos ofrecieron una conferencia de prensa en Xalapa quienes informaron de la negativa de amparo que los tres presuntos asesinos solicitaron en agosto del 2013, sólo unos días después de haber sido aprehendidos por las autoridades, mientras que la familia que aún está a la espera de que se haga justicia por el asesinato del ambientalista.
Acompañada de activistas, la esposa del ex ecologista, Guadalupe de Jesús Salcedo, leyó una carta titulada “Ya pasaron 365 lunas”, en el que le hace un resumen sobre lo ocurrido a lo largo de este año divido en tres partes.
Ya en diferentes ocasiones los ambientalistas, pertenecientes al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) han hecho públicas diversas irregularidades que empañan el proceso de investigación de este artero crimen.
Además, se ha exigido garantizar la seguridad de los familiares e integrantes de estos movimientos, ya que hasta la fecha, han sido hostigados por miembros del Gobierno para no seguir en la lucha por la cancelación inmediata del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, contra el cual luchaba Vázquez Ortiz.
Sirve recordar que el 1 de agosto del año 2013, el ambientalista Noé Salomón Vázquez Ortíz fue asesinado a pedradas y cuchilladas en Amatlán de los Reyes –centro de Veracruz– un día antes de que se iniciara el décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano en Contra de las Presas y en Defensa de los Ríos, que reunió a más de 500 ambientalistas de diferentes regiones del país.
Defensores del medio ambiente como Guillermo Rodríguez Curiel, presidente de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (LAVida), responsabilizó a las empresas que promueven la presa El Naranjal y el Proyecto Bandera Blanca de haber ordenado la muerte del activista.
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