La Fiscalía de Bolivia ha girado una orden de aprehensión contra el ex presidente Evo Morales por su inasistencia a declarar en un caso que involucra acusaciones de estupro, trata y tráfico de personas, presuntamente relacionado con una menor de edad. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó que la orden no solo afecta a Morales, sino también a los padres de la supuesta víctima.
Gutiérrez expresó que la medida se tomó conforme a la ley y que el objetivo es que los implicados se presenten a declarar. “Simplemente el mandamiento de aprehensión que se va a emanar será para que ellos puedan apersonarse a presentar su declaración informativa”, afirmó la fiscal en declaraciones a medios locales.
Morales, quien no se presentó a la Fiscalía, argumentó que las acusaciones son infundadas y las calificó como una “persecución política” orquestada por el actual presidente Luis Arce, su ex aliado y ahora rival político. La tensión entre Morales y Arce ha crecido en los últimos tiempos, en medio de una división dentro del partido de Gobierno de cara a las elecciones generales de 2025.
El abogado de Morales, Jorge Pérez, defendió al ex mandatario, señalando que “vive a más de 980 kilómetros de distancia” y no debería ser puesto en desventaja en este proceso. Su colega, Nelson Cox, también manifestó preocupaciones sobre la falta de garantías en el proceso judicial.
La situación de Morales plantea un escenario complejo en el ámbito político y judicial en Bolivia, donde la división y el conflicto entre figuras prominentes del MAS (Movimiento al Socialismo) se intensifican a medida que se acercan las elecciones. La falta de presentación del ex presidente ante la Fiscalía podría tener repercusiones significativas en su futuro político y en la percepción pública de su figura.
