CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha congelado cuentas por más de tres mil millones de pesos por “lavado” de dinero en delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos, y ha presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), para avanzar en sentencias condenatorias, ya que sólo se tienen 22 hasta el momento frente a los 50 mil millones de dólares que se “lavan” de manera anual, de acuerdo con su titular Santiago Nieto Castillo.
Sin embargo, jueces han ordenado el descongelamiento de 31 cuentas en el caso de la empresa gasolinera Hidrosina, en el marco del combate al robo de hidrocarburos, y dos del líder sindical de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, investigado por venta de plazas, basados en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entorno al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que los legisladores de Morena han propuesto modificar para desobstaculizar la labor “antilavado”.
La facultad de la UIF para congelar cuentas a sospechosos de cometer “lavado” de dinero en el ámbito nacional fue declarada inconstitucional por la SCJN desde octubre de 2017, pues estaría invadiendo las atribuciones del Ministerio Público, a menos que la orden provenga de algún organismo internacional al que pertenezca México como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en razón de que no hay una garantía de audiencia en el ámbito local.
Pese a ello, la jueza federal Alma Delia Aguilar Chávez Nava negó la solicitud de desbloqueo de tres cuentas al exjefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, Eduardo León Trauwitz, quien fue señalado por posible robo de combustible, porque “significaría permitir que se verifiquen conductas posiblemente constitutivas de hechos ilícitos”. También el juez federal, Óscar Herrera Perea, no dio la suspensión definitiva a la Universidad Autónoma de Hidalgo contra el bloqueo de sus cuentas por sospecha de “lavado” de al menos 150 millones de dólares provenientes de Suiza.
Dos días después, anunció junto con la Procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, el congelamiento de cuentas de siete personas físicas y siete personas morales, y de Ignacio “N”, posible líder de la red de trata de personas “Zona divas” tras detectar seis empresas de publicidad, construcción y servicios de consultoría en administración de la Ciudad de México y Quintana Roo, donde posiblemente desarrollaban las operaciones de “lavado” de dinero.
