Redacción
el buen tono
Córdoba.- Han pasado dos largos años desde que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un presunto daño patrimonial de 107 millones de pesos durante el mandato de Leticia López como alcaldesa de Córdoba.
Esta suma representa no sólo un agujero financiero en las cuentas públicas, sino también una traición a la confianza del pueblo de Córdoba, que exige justicia y transparencia en el manejo de sus fondos.
Sin embargo, lo que resulta aún más desconcertante, es la pasividad del Congreso del Estado frente a esta revelación.
A pesar de las pruebas presentadas por el Orfis y las demandas justificadas de los ciudadanos, el Congreso no ha tomado medidas concretas para obligar a la administración de Leticia López a devolver los 107 millones de pesos que se detectó fueron robados del erario público en perjuicio de Córdoba. Esta inacción genera una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de salvar el patrimonio de la ciudadanía.
Los habitantes de Córdoba exigen justicia y transparencia pues han visto cómo los recursos que podrían haberse utilizado para mejorar las condiciones de vida en la ciudad, han sido malgastados, desviados o robados.
La falta de acción del Congreso no sólo perpetúa la impunidad, sino que también envía un mensaje preocupante: que los responsables de robar fondos públicos pueden evadir la rendición de cuentas sin consecuencias.
La falta de transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos socava la confianza en el sistema democrático y afecta negativamente la calidad de vida de los ciudadanos.
