El gobierno de Estados Unidos ha acordado pagar 6 millones de dólares a El Salvador por encarcelar a aproximadamente 300 presuntos miembros de la banda criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua. Este acuerdo se enmarca dentro de una serie de medidas enérgicas impulsadas por la administración de Donald Trump contra organizaciones criminales latinoamericanas que, según Washington, contribuyen al tráfico de drogas y al cruce ilegal de migrantes hacia el territorio estadounidense.
La información, reportada el sábado por la agencia estadounidense AP, cita memorándums gubernamentales en los que se detalla que el Departamento de Estado de EE. UU. designó recientemente al Tren de Aragua y a otros grupos delictivos como organizaciones terroristas globales. Esta acción se basa en la presunta implicación de estos grupos en diversas actividades ilícitas que afectan tanto a la región como a Estados Unidos.
El gobierno de El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, ha confirmado que aceptará a estos individuos durante un año, a la espera de que EE. UU. decida su disposición a largo plazo. La colaboración fue ratificada en un memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, según el cual los detenidos permanecerán en las cárceles del país centroamericano.
Este acuerdo se basa en una oferta realizada por el presidente Bukele durante una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en febrero. En esa ocasión, Bukele ofreció albergar a “criminales peligrosos” deportados por Estados Unidos en las cárceles de El Salvador como parte de su lucha contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, esta medida ha generado controversia. Grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones de los presos en El Salvador, señalando informes de tortura y muertes bajo custodia, en el marco de la ofensiva del gobierno salvadoreño contra las pandillas. Bukele, conocido por su enfoque duro en este tema, ha implementado políticas que incluyen juicios masivos y la construcción de una megacárcel, lo que ha exacerbado la crítica internacional.
El Tren de Aragua, originario de Venezuela, es una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina, responsable de actividades delictivas que incluyen el tráfico de personas, la violencia de género, el lavado de dinero y, especialmente, el tráfico de drogas. La banda ha incrementado su presencia y su influencia en varios países de la región, con un impacto negativo en la seguridad y el bienestar de las comunidades.
Con este acuerdo, El Salvador se posiciona como un aliado clave en la lucha contra la criminalidad internacional, pero también enfrenta la presión de garantizar que se respeten los derechos humanos y que sus cárceles no se conviertan en un símbolo de abuso y opresión. El tiempo dirá si esta medida será vista como un paso efectivo en la lucha contra el crimen organizado o como una solución que empeora la situación en la región.
