Michoacán.- A tres años del alzamiento de autodefensas en Michoacán, acaecido el 24 de febrero de 2013, alrededor de 400 están encarcelados por el delito de portación de arma de fuego reservada para las fuerzas federales.
Esto pese a que de forma ilegal el Gobierno las legitimó, les registró armamento de grueso calibre y actuó en operativos conjuntos con ellos, afirma Ignacio Mendoza Jiménez, defensor jurídico de 200 de estos casos.
Mendoza señaló que el 27 de enero y el 14 de abril de 2014, prácticamente un año después del levantamiento de los civiles, los gobiernos federal y estatal establecieron negociaciones con líderes de los grupos insurrectos, entre éstas el registro de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que era inconstitucional.
El abogado afirma que se violó el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordena: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”.
El legista expone sobre dicho registro de armamento, que oficialmente fue de 6 mil 442 armas, de las cuales 4 mil 497 eran de grueso calibre: “No podía autorizarlo ni el Papa ni el Presidente, nadie lo podía hacer, la Constitución no lo permite”. El presidente Enrique Peña Nieto sólo podía haber registrado esas armas largas, explica, aplicando el artículo 29 de la Constitución que crea un estado de excepción cuando la paz pública se perturba o hay un peligro o conflicto grave contra la sociedad, como acontecía en la región de Tierra Caliente, porque había una rebelión ciudadana para combatir a criminales del Cártel de Los Caballeros Templarios. El artículo reza que el Presidente debe proceder con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente y sólo así “podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.
Sin embargo, explica Mendoza, no sólo no se creó un estado de excepción en Michoacán sino que se registraron “casi 8 mil armas”, haciéndoles creer a sus poseedores que estaban legitimados.
