Al cierre de 2013, el endeudamiento de los estados y municipios del país ascendió a 482,807 millones de pesos, un alza de 11.05% respecto a 2012; si se compara con el dato de 2010, el aumento es de 179.2%. La evolución de la deuda ha sido permanente, en la década previa creció 94.09%. Es un tema polémico que aún no está normalizado.
En el Senado nomás no transita la Ley de Deuda de Estados y Municipios, una regulación necesaria para pintarle la cancha a los erarios locales. El problema no es la deuda en sí misma, pues resulta positiva si se utiliza con eficacia para apalancar el crecimiento; el punto es que se yerre en el destino y se comprometa la salud financiera.
El análisis igual abarca la solvencia, puesto que las entidades apenas generan ingresos propios y contratan los pasivos con base en los recursos que les provee la Federación. Se han habituado a esta dinámica poco conveniente, sobre todo los municipios que recaudan poco impuesto predial, siendo que éste debería de ser su pilar financiero.
De 2012 a 2013, los ingresos propios bajaron en 10.5%, y eso que ya eran ínfimos. La deuda referida de 2013, significó el 90% de las participaciones federales a las entidades y el 67.4% de sus ingresos totales garantizables. Y por eso las calificaciones crediticias locales no son tan buenas como la nacional, por las debilidades y su riesgo.
En el mapa nacional hay de todo, desde seis entidades que suman la mitad de la deuda y hasta las que no deben prácticamente nada. Empero, esto último tampoco es del todo sano, pues el no tener pasivos implica un costo de oportunidad elemental sobre el progreso que se podría estar impulsando vía financiamiento. El tema es de equilibrios.
Es común que para darle vuelta a las leyes locales, gobernadores y alcaldes contraten obligaciones de corto plazo que no requieren mayor autorización, lo que crea un círculo nocivo donde se incumple con los pagos a proveedores. Ello deteriora la economía local al dejar sin liquidez a las empresas, quienes a su vez trasladan el daño a las familias.
La Federación reseña que hay múltiples gobiernos donde los gastos operativos crecen más rápido que los ingresos, una dinámica que es ilógica y no agrega valor alguno, aunque sí compromete la viabilidad financiera del gasto e inversión públicos. Dado que el entorno económico para nada lo justifica, se trata de un mal juicio de los gobernantes.
Debe decirse que la deuda apenas significa el 3% del PIB estatal, lo que no encarna un problema grave para el país, ni excede las pautas internacionales; no obstante, ello no significa que el financiamiento esté siendo bien utilizado. Se debe actualizar el tema.
Amable lector, recuerde que aquí le proporcionamos una alternativa de análisis, pero extraer el valor agregado, le corresponde a usted.
