El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió este miércoles que impondrá “sanciones nuevas, severas y progresivas” a Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro no acepta la llegada de nuevos aviones con nacionales deportados. Esta declaración llega tras la reciente decisión de Washington de enviar más de 200 venezolanos a El Salvador sin una revisión judicial previa, lo que generó un fuerte rechazo por parte de Caracas, que calificó la acción como un “vulgar secuestro”.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, enfatizó en una rueda de prensa que “a menos que el régimen de Maduro acepte un flujo estable de vuelos de deportación sin más excusa ni demora, Estados Unidos impondrá sanciones nuevas, severas y progresivas, como dejó claro el presidente (Donald) Trump en su proclamación”. Según Bruce, esta no es una cuestión sujeta a negociación o debate.
Estados Unidos justificó la deportación de estos venezolanos a El Salvador alegando que forman parte de la organización criminal Tren de Aragua (TdA), aunque no ha presentado pruebas concretas que respalden esta afirmación. Bruce aseguró que “TdA está estrechamente alineada con el régimen de Maduro y, de hecho, se ha infiltrado en el mismo”. Esta postura fue reforzada por la Casa Blanca, que justificó la medida invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual permite detenciones y deportaciones sumarias en caso de guerra o amenaza para el país.
El traslado de estos venezolanos a El Salvador se realizó en el marco de un acuerdo entre la administración Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Dicho acuerdo incluyó una partida de 6 millones de dólares y la entrega de dos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), así como otros 21 presuntos pandilleros deportados también el sábado. Además, contempla la aprobación de asistencia para el sistema penitenciario de El Salvador por parte del Congreso estadounidense.
La decisión de Washington ha generado tensiones diplomáticas y reacciones encontradas. Mientras que el gobierno de Maduro denuncia una “grave violación de los derechos de sus ciudadanos”, Estados Unidos mantiene su postura de presión para forzar a Caracas a aceptar las deportaciones. La escalada de medidas punitivas podría aumentar la crisis política y económica en Venezuela, ya golpeada por sanciones previas y restricciones financieras.
