Los estados y municipios son el eslabón más débil de las finanzas del país porque sus deudas se dispararon en los últimos años y, a la vez, carecen de capacidad para recaudar impuestos
Hay en marcha una subversión “silenciosa” para menguar el poder que los estados acumularon en la última década de gobiernos panistas. El pacto federal genera desconfianza y, en la práctica, se revisan responsabilidades de gobiernos locales, pero sin una discusión nacional que ameritaría tocar el federalismo. Los nuevos vientos en el gobierno y los partidos soplan a favor de centralismo, pero no lo reconocen por la culpa que genera el recuerdo de sus excesos en el modelo autoritario priista del siglo pasado.
El control del gobierno federal en Michoacán “municipio por municipio” es un ejemplo extremo del fracaso estatal en la primera obligación de dar seguridad, pero hay muchos otros. Es un reconocimiento tácito de que los poderes locales son inexistentes, pero sin que el Senado los declare incapaces de garantizar la gobernabilidad y controlar los conflictos sociales que hacen agua en la entidad, como prevé el artículo 76 constitucional. Dirá el gobierno federal, el PAN y el PRD que no hay siquiera necesidad del proceso legal cuando algunos municipios michoacanos ofrecen ceder el mando de la policía a las fuerzas armadas, como tácita confesión de parte de su impotencia para recobrar la seguridad y la paz.
La intervención de facto sobre la soberanía estatal tiene la aquiescencia del PAN y del PRD, que hasta hace poco pedían declarar la desaparición de poderes e ir a nuevas elecciones. Pero más allá del Acuerdo por Michoacán de la política federal, sus coincidencias se profundizan en el objetivo por recuperar el control del centro. Por distintas razones e intereses, el gobierno y el PAN concuerdan -también el PRD- en acotar el poder que los gobernadores ganaron tras la alternancia y los convierte en señores feudales sin contrapesos de los congresos y poderes judiciales locales; islas del autoritarismo donde las instituciones y recursos públicos se manejan sin trasparencia ni rendición de cuentas como en el antiguo régimen.
Esta revisión del federalismo se palpa en leyes que se discuten en el Congreso con marcado enfoque centralista. La reforma electoral pide quitar a los estados el control de las elecciones locales por señalarlos como responsables de las denuncias de fraude de las elecciones de 2012; la de transparencia ofrece romper la discrecionalidad y opacidad de los órganos locales con la apertura de la instancia federal a las peticiones de acceso a la información estatales; y la de deuda de los estados poner candados para evitar la contracción de deudas locales.
Los estados y municipios son el eslabón más débil de las finanzas del país porque sus deudas se dispararon en los últimos años y, a la vez, carecen de capacidad para recaudar impuestos. Sus deficiencias institucionales son enormes desde la impartición de justicia y la seguridad, hasta la conservación del medio ambiente, en que también tienen competencias. Pero más allá de sus rezagos, el PAN de Madero tanto como su disidencia en el Senado lanzan un embate contra el pacto federal por atribuir al poder local la pérdida de la presidencia. “Acabamos alimentando al monstruo que nos iba a tragar”, declaró recientemente Madero sobre el poder y el dinero que acumularon los gobernadores en los gobiernos panistas.
El PAN y el PRD hacen una revisión del federalismo en clave política: sostienen que el PRI se enquistará en el poder si no debilitan a los gobernadores, a pesar de que su fuerza no impidió al PAN llegar al poder en el 2000. Y aunque evidentemente esta no es la visión del PRI, el gobierno de Peña Nieto coincide con ellos en el objetivo de atar las manos de las finanzas locales.
Más de mil 500 municipios están sobreendeudados y las calificadoras ya han recortado la nota de deuda de estados como Jalisco. Aunque las deudas estatales representan tres por ciento del PIB, Hacienda está convencida de que urgen medidas para frenar el gasto y las deudas estatales. La restricción del gasto público podría servir para revertir la tendencia que siguieron los estados de convertir en presupuesto permanente los recursos extraordinarios que recibieron por excedentes petroleros.
Por eso tampoco es extraño que, en el marco del Pacto, se abran paso coincidencias entre el gobierno federal y los partidos para revisar las responsabilidades locales, más que promover su modernización. El descontrol de la seguridad en algunos estados y los excesos en el gasto son “focos rojos” para la imagen y la estabilidad del gobierno, así como la oportunidad para la oposición de recuperar control territorial.
Analista político
jbuendiah@gmail.com
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