Los tres temas son destacables, están en la agenda y están, todos, marcados por grises y contradicciones. El primero es el de la intervención en las comunicaciones. El documento publicado por Excélsior, además de ser una muy buena primicia informativa, lo que demuestra no es parte, aunque pareciera, de las redes de espionaje denunciadas por Edward Snowden. Forma parte de esos mecanismos de intervención que utilizan todos los países con cierto peso en el mundo, pero aquí de lo que estamos hablando es de la compra de equipo para realizar esa labor y se supone que el derivado de la utilización de esas intervenciones sería parte del intercambio de información planteado ya en la Iniciativa Mérida. En los hechos, con base en la información publicada, no sabemos si EU intervino las comunicaciones en México. Lo que sí sabemos es que ese intercambio de información existe y que en México las fuerzas de seguridad tienen capacidad de realizar, al utilizar esos equipos, ese tipo de intervenciones. Según declaró ayer el comisionado de seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, no existe constancia de que la Unión Americana haya intervenido de esa forma en nuestro país. Lo hace el propio gobierno mexicano.
Eso ya lo sabíamos desde que se planteó la propia Iniciativa Mérida y desde que ese tipo de intervenciones se convirtieron, desde hace años, pero mucho más desde el 11-S, en una norma de los servicios de información e inteligencia. En el contexto de la lucha contra el narcotráfico (y también derivado de las exigencias del control del terrorismo, donde siempre se supo que México colaboraba activamente con EU) era evidente que esos mecanismos se usaban en nuestro país. Innumerables ocasiones supimos que un capo u otro había caído precisamente por la utilización de mecanismos de intervención y geolocalización. No es novedad. El tema es cómo se utilizan esos equipos, quién lo hace, quién tiene control sobre los mismos y si existen normas claras al respecto.
Uno de los temas que se ha obviado en todo este gran debate iniciado con las filtraciones de Snowden, es que en Estados Unidos no ha habido reacciones al respecto. Y no las ha habido porque, por buenas o malas razones, esa estrategia de intervención de las comunicaciones, es una política de Estado, que fue aprobada desde la administración de Bush, ratificada por la de Obama, y de la que estaba enterada la comisión de seguridad del Congreso. En nuestro caso, si nos basamos en la información publicada por Excélsior, la utilización de estos equipos fue aprobada por la administración de Calderón, pero habría sido ratificada en abril pasado por el gobierno de Peña. Para algunos este es un tema de soberanía y para otros de violación de derechos individuales. Y quizás es verdad en ambos sentidos, pero sin duda es, una vez más, un caso de falta de normas compartidas sobre la operación de áreas relacionadas con la seguridad. Y la única forma de evitarlo es avanzar precisamente en la institucionalización de esas políticas. Porque nadie podría oponerse a que se utilizaran, por ejemplo, para cazar a los criminales más importantes, el problema es que no tenemos la seguridad de que sea para ello y no para indagar sobre personajes de la vida pública.
Otro capítulo relacionado con el anterior, con las instituciones de seguridad, lo viviremos hoy en la celebración del 85 aniversario de la creación de la Policía Federal. Muchos dirán que la PF en realidad es creación de Zedillo, que fue planteada como la institución que hoy es desde el sexenio pasado. Pero en realidad los primeros cuerpos policiales federales nacieron en 1928. Y es ese espíritu de continuidad el que se quiere privilegiar hoy. Luego de muchas dudas sobre cómo se plantearían las cosas en este sexenio, todo parece regresar a los cauces lógicos. Más allá de diferencias personales, operativas o políticas, lo cierto es que la PF es una de las instituciones más importantes que se han construido en los últimos años. Puede trabajar mejor o peor (y creo que está trabajando bien), pero no se pueden desechar instituciones como si fueran instrumentos coyunturales. En este sentido, todo indica que la anunciada Gendarmería, será un cuerpo que se incorporará, con tareas especiales, dentro de la propia Policía Federal. Una salida lógica, ya que lo que se debe fortalecer es lo que ya existe, no agregar algo nuevo que dificulte la operación y la coordinación, que requiera cambios legales de nivel constitucional y que no agregaría nada nuevo al esquema actual de seguridad.
Finalmente la seguridad paga política y electoralmente. De la misma forma que la inseguridad tiene costos políticos, asumir responsabilidades, crear policías confiables, apostar a que esa seguridad ciudadana sí se puede recuperar, requiere inversiones políticas y materiales, pero genera beneficios en ambos sentidos. La mejor demostración de ello son las más recientes elecciones: Baja California realizó bien su trabajo en seguridad y podría tener continuidad partidaria. Lo mismo ha sucedido en Veracruz o en Puebla. Pero en ese sentido quizá lo más destacado es Tamaulipas. El gobierno de Egidio Torre asumió el poder en una situación crítica. Con una presencia notable del crimen organizado en la vida cotidiana de los tamaulipecos. Con localidades abandonadas por sus habitantes. Con un candidato muerto sin saber por quién. Con dos gobernadores acusados, con o sin razón, por las autoridades federales. Con cuerpos policiales corrompidos. Haber logrado en menos de dos años poner sobre carriles las cosas es un logro. Por supuesto que no está allí todo hecho. Pero como ha ocurrido en otros puntos del país, quizá lo más importante es que la ruta que se decidieron a tomar es la correcta. Y la respuesta la tuvieron en las urnas.
