ESPERANZA MALTRADA

Hoy por la noche llega el Papa Francisco a México, una visita que seguramente resultará polémica por el mensaje que, forzosamente, debe traer el pastor de la Iglesia Católica en un país tan castigado con dos látigos del infierno: la violencia generada por el crimen organizado y la corrupción de la clase poderosa —no sólo los gobernantes y lo políticos, sino también buena parte del empresariado y la misma jerarquía eclesiástica—. 

 

El Pontífice lo sabe y muchos apuestan a que su mensaje a los mexicanos sea duro y, a la vez, de consuelo y esperanza.

 

El Papa de origen argentino llega a un país donde las élites de la política, la empresa y la religión están corrompidas y donde el tejido social se rasgó en los ocho años que lleva esta “guerra informal”, la cual ha dejado hasta el momento más de 100 mil muertos, 30 mil desaparecidos y cerca de 400 mil personas desplazadas. 

 

En México, pues, la esperanza está maltratada —como deduce el analista de la geopolítica, Bernardo Barranco— y entonces, en esos cinco días en que Francisco estará en suelo mexicano se espera que se erija como el profeta que se esperan los creyentes: que anuncie y denuncie.

 

Las palabras que emitirá deberán servir de aliciente para reparar esa esperanza menguada de los mexicanos, hoy de rodillas ante el clima de guerra y la muerte que campea por todos lados. Francisco conoce perfectamente lo que sucede en el país, lo oyó de voz propia de los 90 obispos mexicanos que hace dos años, del 12 al 31 de mayo del 2014, acudieron a la visita Ad Limina Apostolorum en el Vaticano para sostener encuentros personales con él con el objetivo de informarle sobre la violencia e inseguridad en México, así como el papel de la Iglesia Católica en este contexto.

 

El 19 de mayo de ese año, a mitad de la visita de informe pastoral, Francisco dirigió un mensaje a los obispos mexicanos: “Conozco vuestros desvelos por los más necesitados, por quienes carecen de recursos, los desempleados, los que trabajan en condiciones infrahumanas, los que no tienen acceso a los servicios sociales, los migrantes en busca de mejores condiciones de vida, los campesinos… Sé de vuestra preocupación por las víctimas del narcotráfico y por los grupos sociales más vulnerables, y del compromiso por la defensa de los derechos humanos y el desarrollo integral de la persona”, al tiempo que los llamó a ser verdaderos pastores y defensores de su rebaño.

 

Nueve meses después, en febrero del 2015, el Papa Francisco escribió una carta a un amigo personal, Gustavo Vera, en la cual le expresaba su preocupación sobre el crecimiento del crimen organizado en Argentina y rezaba para que no se “mexicanizara” su país natal. 

 

Textualmente, el pontífice le dijo: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa (en México) es de terror”.

 

De esta forma, en un país donde la mayoría de sus habitantes dice profesar la fe católica y donde se atraviesa por una crisis de valores, la presencia de una personalidad como la de Francisco debe, invariablemente, traer una bocanada de aire fresco con su mensaje profético y denunciante. 

 

Es lo mínimo que se espera para un país que se desgarra en medio de una guerra no formal, no declarada, no sujeta a los acuerdos bélicos internacionales, pero sí con saldos tan sangrientos y costos humanos tan horribles como los de cualquier otro conflicto armado que encaja en los estándares internacionales.

 

¿Y LOS PASTORES?

 

En este mismo entorno y particularmente en Veracruz, los obispos y sacerdotes católicos le han quedado a deber a sus rebaños y al mismo representante de San Pedro. 

La violencia devora a los veracruzanos y son escasísimas las voces de los religiosos que se alzan en su defensa. 

 

Si acaso algunas denuncias de unos cuantos, entre ellas la del obispo de Córdoba, monseñor Eduardo Patiño que lleva tiempo señalando la crisis de seguridad y la ineficiencia de las corporaciones y programas policiacos en la región centro. 

 

De ahí en fuera, nada. Silencio barroco de los otros siete obispos veracruzanos, incluyendo al coordinador de todos ellos, el arzobispo Hipólito Reyes Larios.

 

Personalmente Reyes Larios no ha emitido ni una palabra al respecto, ni una denuncia como pastor y ni un pronunciamiento como profeta. 

 

En los más de cinco años que lleva este Gobierno estatal, el único pronunciamiento “fuerte “de la Arquidiócesis de Xalapa se dio el pasado 22 de enero, y lo hizo el vocero diocesano, Manuel Suazo Reyes frente al escándalo por la desaparición forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca perpetrada por agentes policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque fue 11 días después del plagio de los muchachos y debido a la presión generada, luego de que medios informativos estatales, nacionales e internacionales expusieron el caso.

 

Es gatopardismo de una jerarquía católica cómplice del sistema gubernamental y ciega, muda y sorda cuando los lobos están matando a las ovejas. 

 

Los religiosos veracruzanos están lejos de aquellos de Michoacán que han sacado el cayado para defender a la población sometida al terror de los narcotraficantes y de los policías y funcionarios liados a ellos. 

 

¿Qué cuentas le dará Hipólito Reyes Larios y el resto de los obispos y sacerdotes de Veracruz al Papa Francisco, y que cuentas le darán al patrón de todos ellos, ese que está en las alturas?

 

IPE, RELEVO INTENCIONAL

 

Armando Adriano Fabre quien dejó la dirección del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Lo hizo furtivamente, a escondidas, como el bandido que huye tras saquear la bóveda. Es verdad, el NINI Fabre —como le llaman sus cercanos— tenía que irse de ese organismo, pero desde hace mucho. Su relevo llegó tarde, luego de sus trapacerías para encubrir los desfalcos y su desfachatez con la cual maltrataba a los trabajadores jubilados.

 

Experto en girar “cheques de hule” a los pensionados y esconderse de los reclamos, este individuo se va no porque lo hayan corrido sino porque su suegro, el eterno burócrata Miguel Ángel Díaz Pedroza, lo intenta proteger de las revisiones financieras que tendrán que darse una vez concluido este sexenio.  La renovación del Gobierno estatal deberá traer auditorias y deslinde de responsabilidades judiciales por el robo de las cuotas de los trabajadores, tanto jubilados como en activo, y entonces, Díaz Pedroza le pavimenta el camino de la impunidad al hijo postizo.

 

En Xalapa se cuenta que Díaz Pedroza, actual secretario técnico del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), presume ser “cuaderno de doble raya” de los dos que podrían convertirse en gobernadores, el panista Miguel Ángel Yunes Linares y el priista Héctor Yunes Landa, y ante ellos ya negoció impunidad para el yerno. La intención es evitar que el tipo cierre el sexenio frente a la dirección del IPE. Lo alejan de allí, apostándole a la distancia y con la intención de también alejarlo de las pesquisas. Ya se verá si Yunes Linares o Yunes Landa pactan para no llevarlo a tribunales, y no solo a él sino al anterior titular del IPE, Gonzalo Morgado Huesca, otro pillo de siete suelas.

 

El dato es que hoy Morgado es asesor de cabecera de Yunes Landa —¿también le acercará las chanclas cuando termina de ducharse?—, así que por ese candidato tiene la impunidad asegurada. Y el que sustituye a Adriano Fabre no es mejor persona, Antonio Gil García, contador de profesión y ex encargado de las finanzas del
mismo organismo, tratará de disimular el cochinero contable para evitar que surja en las revisiones que se efectúen. Pero el relevo del titular del IPE es cosa menor frente a lo que realmente se necesita: saber dónde está el dinero aportado por los trabajadores del Gobierno estatal para sus pensiones.