El pasado lunes, un evento en la secundaria “José Santos Valdez”, ubicada en la capital de Durango, causó gran indignación entre padres de familia y la comunidad educativa. Durante una medida disciplinaria, los maestros del plantel, con el aval de la directora Hilda Patricia Ortega, destruyeron e incineraron varios objetos decomisados a los estudiantes, entre ellos teléfonos celulares. Lo que comenzó como una sanción escolar se convirtió en un hecho alarmante cuando algunos alumnos fueron obligados a presenciar la quema de sus pertenencias.
El presidente de la Asociación de Padres de Familia en Durango, Carlos Ramírez, expresó su rechazo ante esta acción, señalando que “el reglamento definitivamente no tiene nada de eso”, calificando la conducta de la directora como inaceptable. A pesar de la gravedad del incidente, ni la Secretaría de Educación ni la directora han dado una postura oficial sobre lo ocurrido. El silencio de las autoridades educativas ha generado aún más descontento entre los padres, quienes exigen que se aclaren los protocolos para el manejo de objetos asegurados a los estudiantes.
Algunos padres, como Marcela Rodríguez y Nancy Galindo, aseguran no haber sido informados sobre el destino final de los objetos decomisados, mientras que otros, como Javier Alcalá, consideran que la medida fue un exceso: “Entréguelos o guárdelos, pero no es necesario quemarlos”.
Como resultado, la secundaria ha recibido una multa por iniciar un fuego sin la autorización de Protección Civil, lo que pone en evidencia la falta de control en las medidas implementadas. Según Carlos Ramírez, “es grave que se llegue al extremo de prender fuego, lo cual ya les ha costado una sanción por parte de la Dirección de Medio Ambiente”.
Este polémico incidente ha generado un debate sobre los valores que se inculcan en las instituciones educativas y la manera en que se aplican las sanciones. Padres de familia piden al gobernador Esteban Villegas que intervenga para garantizar que acciones extremas como esta no se repitan.
