De la Redacción
El Buen Tono
Región.- La impunidad en Córdoba y Orizaba es una realidad que sigue lacerando a sus habitantes. Las administraciones de Leticia López e Igor Rojí, señaladas por desvío de recursos públicos, continúan gozando de libertad, sin devolver ni un peso de lo que les robaron a estas ciudades.
A pesar de las denuncias interpuestas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el desfalco y la corrupción permanecen sin castigo.
Delia González Cobos, al frente del Orfis, ha demostrado ser más una espectadora que una verdadera fiscalizadora. Aunque presume haber interpuesto 361 denuncias penales desde 2011 por daño presupuestal, apenas 87 de ellas han resultado en órdenes de aprehensión, un ridículo 25% de efectividad que deja entrever la falta de voluntad real para frenar la corrupción.
Peor aún, se escuda en la falta de agilidad de la Fiscalía, señalando que ellos ya cumplieron, pero ¿Por qué no presiona para que los responsables enfrenten sus crímenes?
Esta complicidad es un veneno que carcome la credibilidad del Orfis, en lugar de ser el guardián de los recursos públicos, se ha convertido en cómplice de un sistema corrupto que permite que los saqueadores caminen libres, como las administraciones de Leticia López e Igor Rojí, que siguen sin rendir cuentas, mientras las comunidades continúan hundiéndose en el abandono y la miseria.
