“¡Es la economía, estúpido!” Con esta célebre frase, Bill Clinton refutó contundentemente la gestión en la Casa Blanca de George Bush padre y la evidenció como claramente ineficaz para atender y resolver los grandes problemas por los que pasaba en 1992 (y sigue pasando en 2014) el poderoso país del norte. La frase llamaba la atención para que en lugar de una administración para la guerra, el gobierno volteara la vista hacia la solución de los problemas cotidianos de los estadunidenses, tales como el desempleo, la creciente pobreza, inseguridad, violencia, etcétera. La expresión de Clinton parecía contundente y certera, pero apenas pasaron algunos años para que el mundo se diera cuenta de que no era así. En 2008 se presentó la gran crisis económica tan sólo equiparable a la de los años 30 del siglo pasado.
¡La solución no era sólo la economía; era y sigue siendo, principalmente, la política!
La polémica sobre este asunto con toda seguridad continuará, pero para el caso de México me parece que la frase de Clinton tendríamos que adecuarla, para decir que el problema central del actual gobierno en México es la política.
Estoy cierto de que durante más de 35 años los respectivos gobiernos del PRI y del PAN han aplicado un modelo económico que ha devenido en un tremendo fracaso. Los datos y los números son inobjetables y deberían ser suficientes para que, con sentido común y con un elemental pragmatismo, el gobierno actual debería modificarlo. Sin embargo no sucede así, en razón principalmente, de que en los personajes que toman las decisiones fundamentales —en especial Peña Nieto y su secretario de Hacienda— prevalece la visión dogmática de intentar gobernar con la economía en lugar de con la política.
Nunca antes, en las últimas cuatro décadas, un gobierno había contado con tan extraordinarias herramientas de carácter económico —la mayoría surgidas del Pacto por México— para lograr superar el estancamiento de la economía, el desempleo, aumentar el ingreso de los trabajadores y, con ello, atenuar y disminuir la enorme desigualdad social. Y, sin embargo, ni la Reforma Hacendaria, la Financiera, de Competencia Económica, de Telecomunicaciones, y la Educativa, han sido aprovechadas adecuadamente y esto sucede porque los actuales gobernantes ni son tan eficaces en la economía y tampoco lo son en la política.
Los actuales gobernantes del PRI actúan como si administraran una tienda departamental y no un país; no actúan como los principales responsables en el gobierno para concebir y aplicar las medidas y las acciones políticas que hagan de la economía una herramienta para alcanzar o avanzar hacia una sociedad en donde la igualdad de derechos y oportunidades sean una realidad.
Ante un gobierno de corte liberal como el de Peña Nieto, no es adecuado citar a Marx o incluso ni siquiera a Keynes. Cito a otro liberal, a John Rawls, que dice: “De la necesidad de los gobiernos de adoptar las medidas de carácter político para igualar a todos los individuos ante la Ley —igualdad de derechos y oportunidades— […] y adoptar un esquema de organización social cuya justicia dependa esencialmente de la manera en cómo se asignen, por un lado, los derechos y deberes fundamentales y, por el otro, las oportunidades económicas y las condiciones sociales entre los diversos sectores de la sociedad”.
Las respuestas que el país demanda no vinieron antes y no vendrán ahora desde una tecnocracia dogmática que ve a la economía como un fin en sí misma. En sentido diferente, las respuestas que demanda la sociedad mexicana podrían venir desde gobernantes que hacen política teniendo como objetivo principal hacer tangible el derecho humano y constitucional de todas las personas al bienestar y a una vida de dignidad.
