A menos de que uno crea que los ductos de Pemex son ordeñados por personas sin conocimiento técnico pero con mucha suerte, la corrupción es un problema al alza en la administración pública.
El viernes pasado, un medio periodístico publicó que el número de tomas clandestinas en los sistemas de distribución de combustibles de la paraestatal se había elevado casi en 70 por ciento.
Es tan grave el problema, reveló la nota de mi compañera Nayeli González, que ha tenido un impacto en las ventas de gasolinerías.
¿De verdad no hay una red de corrupción en Petróleos Mexicanos que haga posible tal saqueo? Si los ductos y el producto robado fueran suyos, ¿usted no haría algo para conocer la mecánica de la ordeña?
Resulta también difícil creer que los negocios criminales de los cárteles en Michoacán -por ejemplo, los actos de extorsión masiva- se hubiesen realizado sin la complicidad de autoridades de todos los niveles.
Eso lo lleva a uno a preguntarse qué estamos haciendo para combatir la corrupción. Porque para donde quiera que voltee uno hay signos de una inmoralidad desatada en el servicio público.
Dígame usted si el descaro del ex titular de la Unidad de Antilavado de la SEIDO, José Luis Marmolejo García, de ir a chantajear a un proveedor de la PGR, hubiera sido siquiera pensable en un país donde la justicia es implacable con la corrupción.
La buena noticia, en ese último caso, es que el ex funcionario fue detenido y será procesado. Pero ¿cuántos casos así se castigan y cuántos se siguen cometiendo sin sanción alguna?
Por ejemplo, hay municipios casi quebrados por todo el país, que a veces no alcanzan a pagar los salarios de sus trabajadores, pero ¿cuántos alcaldes o ex alcaldes han sido procesados recientemente?
Después de realizar una búsqueda en bases de datos, no encontré más que una treintena de ex presidentes municipales detenidos por peculado en los últimos cuatro años -todos, casos posteriores al michoacanazo-, en nueve estados del país, entre los que destacan solamente Hidalgo, Chiapas y Morelos.
En la clase política no parece haber mayor preocupación sobre este tema. En el mejor de los casos, se trata de irresponsabilidad; en el peor, de complicidad.
Hace unos días, el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó una iniciativa promovida por el abogado José Roberto Saucedo Pimentel, a nombre de un grupo de ciudadanos leoneses para fortalecer el marco legal para combatir la corrupción en la entidad.
Mediante la iniciativa, que los promotores esperaban que los diputados locales hicieran suya, se buscaba crear mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como adecuar tipos penales vinculados con esa conducta, como el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias.
Luego de unos meses de haber conocido las propuestas, el Congreso local las rechazó.
“No se comparte su propuesta en sus términos”, dice la respuesta que firman la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de esa Legislatura.
Guanajuato, por cierto, es un estado vinculado con señalamientos de cuotas para legisladores federales a cambio de la gestión de recursos presupuestales para los ayuntamientos del estado.
Y será la Cámara de Diputados la que procese -presuntamente en el próximo periodo de sesiones, que inicia el sábado- la minuta proveniente del Senado que haría posible la creación de un nuevo órgano nacional de combate a la corrupción.
Después de más de un año por desacuerdos entre las principales bancadas, y en su última sesión del año, la Cámara alta aprobó en diciembre pasado la creación de la comisión anticorrupción, que tendrá autonomía constitucional y facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades que cometan servidores públicos y ciudadanos, y tendrá que coordinarse con la nueva Fiscalía General de la Nación para perseguir delitos.
La lentitud para hacer realidad un órgano, que deberá sustituir a la Secretaría de la Función Pública -y que, además, no convence a todos-, es una muestra del desinterés de la clase política en un tema que debería ser visto como toral.
Si es verdad, como esperamos muchos, que las reformas estructurales aprobadas el año pasado generarán, por fin, el crecimiento que le urge al país, el combate a la corrupción debería ser una prioridad.
¿Por qué? Porque la experiencia muestra que las etapas de expansión acelerada y desordenada de una economía emergente vienen acompañadas de rachas de corrupción. Y si no, vea lo que pasa en China.
Este mal ya cuesta al país 10% de su PIB, de acuerdo con estimaciones recientes del Consejo Coordinador Empresarial.
Poner a México en movimiento y al día también implica atacar con todo a la corrupción, sin lo cual la esperanza de vivir en un país próspero, igualitario y seguro se seguirá posponiendo.
