La noticia del día no sólo tuvo que ver con el proceso de expulsión de Javier Duarte de Ochoa como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino también que su sucesor, el guardián de sus espaldas, Flavino Ríos Alvarado, podría enfrentar un proceso similar para ser repudiado del tricolor.
Como se sabe, Duarte estaba citado a las 13.00 horas en dicha comisión partidista para que presentara sus alegatos de defensa, luego de que el pasado 26 de septiembre se le suspendió temporalmente sus derechos como militante. Obviamente, el cordobés no llegó porque está prófugo de la justicia y entonces, se entiende, que se aceleró el proceso para sacarlo del tricolor, a cuyo líder nacional, Enrique Ochoa, le urge deslindar tanto al partido como al Gobierno de Enrique Peña Nieto del gobernante con licencia.
Anoche se habría concretado ese objetivo y Duarte estaría formalmente fuera del PRI, pero en este contexto, saltó otra situación que sacudió a los priistas veracruzanos, pues el consejero Armando Barajas, el mismo que presentó la denuncia contra Duarte de Ochoa, anunció que también hará una petición similar de expulsión contra 15 priista más ligados a Duarte de Ochoa, entre los que destaca el gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado.
Ríos Alvarado se defendió ladinamente señalando que la acusación en su contra por dañar la imagen del partido es “subjetiva” y que se le pretende castigar sólo por haber colaborado con la Administración duartista. El gobernante interino no puede negar sus orígenes oaxaqueños e intenta ‘enredarle el queso’ a la opinión pública hasta hacerlo bola. El subjetivo es él y por supuesto que sobran los elementos no sólo para una sanción partidista, sino para llevarlo ante los tribunales judiciales.
El señor tiene encima muchos casos de corrupción y mal comportamiento como servidor público.
Basta con recordar cuando en diciembre del año pasado ordenó apalear en Plaza Regina a los jubilados del IPE que exigían su pensión. También como titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), durante el 2015, se desviaron casi mil millones de pesos, pues permitió que los exfuncionarios Adolfo Mota y Edgar Spinoso, continuarán manejando –y saqueando- las cuentas bancarias de la dependencia.
Y si se habla de cuestiones netamente partidistas, ahí está el reciente audio de una conversación telefónica en la que Ríos Alvarado promete financiar con medio millón de pesos al precandidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos, Jesús Hernández Tea, para que altere o compre sondeos de opinión y logre la nominación del partido de Andrés Manuel López Obrador, el enemigo jurado de Peña Nieto y del PRI.
Es decir, Ríos está cometiendo un acto de traición al tricolor al apoyar a un candidato ajeno al Revolucionario Institucional.
Asimismo, hay información de que durante el pasado proceso electoral, el oaxaqueño operó abiertamente en el Sur del Estado a favor de los candidatos de Morena, entre ellos el nominado a la gubernatura, Cuitláhuac García, en lugar de hacerlo por el priista Héctor Yunes Landa. Por supuesto que hay elementos para una expulsión partidista y aunque el Comité Ejecutivo Nacional del PRI haya informado que no hay un proceso contra Ríos Alvarado, eso no significa que no lo vayan a sancionar.
El consejero Barajas anticipó denuncias similares a la de Duarte de Ochoa, no procesos vigentes. Lo curioso del caso es que al conocerse esta noticia, la dirigencia estatal del PRI acudió a Palacio de Gobierno en Jalapa a darle su respaldo a Ríos Alvarado pero hubo una equivocación. ¿No debió ser el comité estatal de Oaxaca el aludido e indicado? El oscuro Amadeo Flores, líder priista, por lo menos debió ponerse un huipil de tehuana para estar ad hoc, ¿no creen?
Finalmente en el mismo tema, el escándalo por la fuga de Duarte de Ochoa cala hondo en el Gobierno Federal, al grado de que el propio presidente Enrique Peña Nieto tiene que hacer en sus discursos alusiones al cordobés para deslindarse de él, como ayer cuando dijo que nunca presentó a Duarte como el modelo del “nuevo PRI”, durante su participación en el foro “Impulsando a México” organizado por el periódico El Financiero.
Además, el desastroso manejo en el proceso judicial contra Duarte, que hace presumir que no sólo fue anticipado de la orden de aprehensión, sino que se le permitió escapar, ya hizo caer a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Arely Gómez, quien será relevada por el ex Senador priista Raúl Cervantes Andrade. En política no ha casualidades: Arely Gómez sustituyó a Jesús Murillo Karam, tras su inescrupuloso manejo de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
Ahora, la propia Gómez es defenestrada por el manoseo y la evidente “ayuda” que dieron a Duarte de Ochoa. ¿Quién dice que el caso del gobernante veracruzano no es tan sulfuroso como los desaparecidos de Ayotzinapa? En ambos se revela la complicidad del Estado mexicano en hechos de delincuencia organizada. Y lo cómicamente cierto: Duarte es tan ácido que vale lo de 43 estudiantes.
LA “QUEMA-PAPELES”
Pero está la tempestad en su apogeo y los funcionarios estatales no paran de hacer pillerías. Hasta de la calamidad sacan resquicios para los negocios y las utilidades escalan hasta llegar a la oficina principal de Palacio de Gobierno y el gobernante interino Ríos Alvarado encontró una veta de dinero fácil en el proceso de justificación de los presupuestos observados por los órganos de fiscalización.
Uno de los casos más descarados está en la Secretaría de Salud donde, a marchas forzadas, se intentan solventar las irregularidades detectadas y la encargada de hacerlo es la titular de la Auditoría Interna, Olivia Mendoza Cabrera, quien desde hace algunas semanas está requiriendo a todos los subsecretarios, directores y jefes de área, para presentar la documentación necesaria con el fin de cubrir los faltantes.
El proceso parecería normal salvo que la señora Mendoza Carrera está haciendo un negocio fabuloso pues a los funcionarios requeridos no les acepta la documentación si no dan un cohecho. Es decir, para que a un jefe de área pueda ingresar la documentación sobre el presupuesto asignado y solventar las observaciones, Mendoza Cabrera les exige dinero en efectivo o regalos en especie, sean botellas de licor caras, canastas navideñas, alhajas o hasta pago de tiempos compartidos en destinos turísticos.
Dicha extorsión la hace a través de uno de sus incondicionales de nombre Santiago Naranjos, que es una especie de ‘aduana’ o sea el que recoge la extorsión monetaria o en especie a los funcionarios para que estos puedan pasar a entregar la documentación comprobatoria.
Aquellos que se niegan a entregar esos “regalos” –como lo dice Naranjos a los extorsionados que son “regalos para la licenciada Mendoza”- simplemente se les rechazan lo legajos y quedan sujetos a proceso de investigación por no haber comprobado los faltantes.
Obviamente, al interior de la Secretaría de Salud impera una especie de sicosis entre los funcionarios, ante la posibilidad de que sean vinculados a un proceso judicial por desvío de recursos y prefieren aceptar la extorsión de Mendoza y Naranjo, con tal de salir bien librados en el proceso de comprobación.
La recaudación del cohecho la hacen con el permiso del secretario Fernando Benítez Obeso y del gobernante interino, Ríos Alvarado. A ambos les toca un porcentaje de esos “regalos” exigidos a los funcionarios menores, sostienen los bien-enterados.
A la par, se sabe que la responsable de la Auditoría interna de los servicios de Salud también está abocada a la destrucción de pruebas documentales sobre los negocios indebidos que se hicieron en esa dependencia. La llaman la “quema-papeles”, pues ha destruido buena parte de los archivos, arrojándolos a los incineradores. No confían en la máquinas trituradoras de papeles o simplemente estos aparatos no se dan abasto para desaparecer las pruebas de las irregularidades.
Mendoza Cabrera también tiene la instrucción de esconder – léase:
destruir- toda comprobación de proveedores. Y esto se liga con las versiones sobre los negocios fabulosos que se hicieron desde tiempos de la fidelidad cuando se adquirieron equipos y medicamentos que, eran inapropiados o apócrifos, para clínicas y hospitales. No les importó poner en riesgo la salud de la población al ofrecerles medicinas alteradas o darles atención con equipo inservible.
MEDICAMENTOS FALSOS
En este tema, el nuevo Gobierno tendrá que investigar puntualmente la noticia difundida en los medios informativos en el mes de julio, sobre lotes enteros de medicamentos supuestamente caducos que la Secretaría de Salud incineró de manera indebida, sin observar las medidas sanitarias y de protección ambiental exigidas por la Ley, en diversos puntos de la Entidad, entre ellos algunos parajes en el municipio de Banderilla, conurbado con Xalapa.
Según las versiones, esas medicinas lanzadas a la hoguera eran falsas, pruebas de los negocios que se hicieron en esa dependencia, pues se pagó a proveedores cantidades millonarias para entregar medicamentos apócrifos o sea, sacaron ganancia a cambio de la salud de los veracruzanos, vendieron su muerte- y para que este inventario no esté disponible cuando llegue el nuevo Gobierno, se mandaron a incinerar. Fue un proceso homicida porque mucha gente murió al recibir medicamento falso.
Pero regresando al caso del proceso para solventar el desfalco en los Servicios de Salud, tanto el secretario Benítez Obeso como el oaxaqueño Ríos Alvarado, sostienen contra viento y marea a la señora Olivia Mendoza, pese a que su cargo en dependencia está viciado de origen.
Extrabajadores del Gobierno del Estado conocen bien a la hoy auditora de Salud y la recuerdan haciendo las mismas cosas en el Instituto de Espacios Educativos (Coeduca) en el sexenio anterior.
Mendoza Cabrera salió de la contraloría interna de Coeduca en el 2011 cuando se adhirió al programa de “retiro voluntario” y recibió una indemnización millonaria, pero más tardó en ser liquidada que volver a ser recontratada, ahora en la Secretaría de Salud, a pesar de que el convenio firmado para apegarse a ese programa prohibía que el empleado recibiera un nuevo contrato laboral dentro del organigrama estatal.
¿Por qué es tan necesaria la señora Mendoza Cabrera, a tal grado que se violó el convenio establecido por el programa de retiro voluntario? Se preguntan sus colegas y la respuesta es unánime: la funcionaria es experta en tapar cloacas y destruir evidencias.
Es lo que está haciendo en la Secretaría de Salud, una de las dependencias más saqueadas en este sexenio, donde la señora no repara en hacer negocio y recaudar dinero fácil con el proceso de esconder la corrupción. Vaya que es todo un estuche de monerías. Por cierto, quien anda agazapado y con el rechinar de dientes, porque no tardan en relacionarlo con el hurto del erario por medio de “empresas fantasmas” y proveedurías alteradas, es el cómico Juan Nemi Dib, sobre quien pesa una indagatoria en la PGR. Nemi debe rendir cuentas porque entre su gestión y la de Pablo Anaya, desaparecieron más de mil 200 millones de pesos que debían aplicarse para cuidar de la salud de los veracruzanos y lo único que procuraron fue la salud de sus finanzas personales.
