La contaminación acústica es un problema que afecta a comunidades de todo el mundo. En Panamá, el municipio de Arraiján intentó combatir el exceso de ruido proponiendo una medida controvertida: multar los ladridos de perros que superaran los 50 decibelios con una sanción de 100 dólares, especialmente entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana. Esta medida, publicada en la gaceta oficial el 31 de octubre, fue impulsada por la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba como parte de un decreto que buscaba mantener la tranquilidad en áreas residenciales.
La respuesta de activistas y el retroceso de la autoridad
La reacción fue inmediata. Organizaciones pro-animal y activistas alzaron la voz contra esta normativa, argumentando que iba en contra del bienestar animal y responsabilizaba injustamente a los dueños por el comportamiento natural de sus mascotas. La presión pública llevó a la alcaldesa Peñalba a revisar y aclarar el decreto el pasado 12 de noviembre, anunciando que las multas por ladridos ya no se aplicarían.
En lugar de multas, medidas de bienestar animal
Aunque las multas por ruido ya no serán una realidad, la alcaldesa reafirmó su compromiso con el bienestar animal en el municipio. Informó que en los últimos cuatro meses se han llevado a cabo más de 400 esterilizaciones de gatos y perros, 300 vacunaciones, 200 inspecciones y 25 rescates de animales en situaciones vulnerables. Además, indicó que las sanciones se enfocarán en los casos de maltrato y abandono, reafirmando así su postura en favor de la protección animal.
La alcaldesa, quien también es dueña de cuatro perros llamados Chile, Atés, Yappy y Y Box, concluyó su mensaje asegurando que las autoridades seguirán trabajando para proteger a los animales sin afectar el bienestar de la comunidad.
