Por: Andrés Timoteo / columnista
EN MEDIO DE LA GUERRA
Contrario al presupuesto multimillonario que el año próximo recibirá la Guardia Nacional, el proyecto policiaco-militar más importante de la llamada “Cuarta Transformación” para enfrentar la crisis de seguridad pública, los fondos para los municipios del País en ese rubro serán recortados y algunos ayuntamientos literalmente estarán descobijados porque se les excluyó de los mismos, de acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.
Es decir, en medio de la guerra les retirarán el dinero para contratar policías, adquirir armas y equipo a fin de enfrentar las embestidas del hampa. El Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) que es el principal proveedor de recursos federales a los ayuntamientos en esta área será menguado hasta en 25 por ciento, lo que significa un golpe a todos los municipios del País.
Ya en el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 tuvo un recorte del 20 por ciento y ahora el acumulado será del 45 por ciento. Obviamente, ya ha generado la protesta no sólo de alcaldes y gobernadores sino de legisladores federales que anuncian una batalla en estos días -hasta el 31 de diciembre- para la modificación del proyecto del PEF para el año siguiente.
En este 2019, el Fortaseg tuvo un presupuesto de 4 mil millones de pesos y para el 2020 se bajará hasta mil millones para quedar en 3 mil millones de pesos. Esto afectará también la evaluación de los 350 mil policías del País en activo, de los cuales apenas 10 mil tienen la acreditación correcta para fungir como tales. Traducción: los mexicanos seguirán bajo el riesgo de tener policías sin la confianza suficiente para el cargo, porque no habrá recursos para evaluarlos.
Algunos parlamentarios como el senador Samuel García, del Movimiento Ciudadano, también han calificado la merma en los fondos del Fortaseg como un “tiro en el pie” que se pega al policía cuando está combatiendo a los maleantes, pues al recortar el dinero a municipios se les dará ventaja a los criminales -que ellos si tienen recursos suficientes para comprar armamento y reclutar sicarios-. O sea, apuestan a policías municipales ‘cojos’.
Es cierto, el combate al crimen organizado corresponde a la Federación, pero los ayuntamientos son la primera línea de respuesta en caso de una contingencia criminal y, por supuesto, tienen que atender la delincuencia común cuyos índices también se han disparado en medio de las aguas agitadas generadas por los grandes cárteles del narcotráfico.
Todos son conscientes de las carencias con las que operan las policías municipales y también los programas de prevención en el área de seguridad pública. Hay municipios que apenas tienen una decena de agentes para más de cinco mil habitantes o cuyas armas datan del siglo pasado o que no cuentan ni siquiera con patrullas para movilizarse. El recorte presupuestal vendrá a empeorar las cosas y los afectados directamente serán todos los ciudadanos.
EL SESGO PARTIDISTA
Veracruz es uno de los estados más castigados con la disminución de recursos para el Fortaseg y también es una muestra de que el presupuesto 2020 se hace con un sesgo partidista como en este 2019. No hay que olvidar que inicialmente el Gobierno Federal, ya bajo control del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de febrero, que sólo dos municipios recibirán recursos del Fortaseg para el año en curso.
Ellos eran Xalapa y Coatzacoalcos, cuya cifra de fondos triplicaba lo recibido en 2018 pues al primero le asignaron 44.2 millones de pesos mientras que el año anterior había recibido 18.5 millones y al segundo se le avituallaría con 41.8 millones mientras que en 2018 obtuvo 13.4 millones de pesos. Ambos ayuntamientos son gobernados por alcaldes surgidos de Morena.
Lo anterior generó un escándalo y la protesta del resto de los ayuntamientos, lo que obligó a modificar el programa e incorporar a 18 municipios más, entre ellos, Córdoba y Orizaba, gobernados por Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, y que habían sido eliminados del subsidio. El Ayuntamiento de Veracruz, gobernado por el panismo, también fue castigado con un recorte de más de 7 pues de 21.4 millones que obtuvo en 2018 sólo le asignaron 14 millones de pesos.
También se incorporaron otros ayuntamientos que no estaban incluidos en el Fortaseg desde 2018, pero que por sus condiciones de inseguridad y población cumplían los requisitos para obtener el apoyo en el rubro, entre ellos, Fortín de las Flores. En total, el Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) distribuyó 243.6 millones de pesos entre los municipios veracruzanos.
Ahora, nuevamente se percibe el sesgo partidista en la integración del presupuesto de seguridad porque los dos municipios más poblados de la Entidad, Veracruz y Boca del Río serán excluidos del Fortaseg para 2020, según lo han denunciado los alcaldes de ambas localidades, así como diputados federales.
No es un secreto el motivo del recorte porque los dos ayuntamientos son gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN) y los alcaldes son de la corriente política que encabeza el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los actuales enemigos jurados de las administraciones federal y estatal. Es más, el edil del Puerto de Veracruz es su hijo, Fernando Yunes Márquez.
La intención del Gobierno Federal es castigar lo más posible a los municipios de oposición y especialmente a los panistas para azuzar la crisis de seguridad pública y debilitarlos frente a la percepción ciudadana. En pocas palabras, la “ola” de violencia y la actividad delictiva serán usadas como instrumento partidista, a pesar de que eso pone en grave peligro a los veracruzanos. Así se las juegan.
Falta conocer con detalle el monto real del recorte y los otros municipios que serán afectados o, en su caso, por su exclusión. Sin embargo, de entrada, para la zona Centro los tres municipios incluidos en el Fortaseg tendrán una disminución que afectará el desempeño de sus policías locales.
Haciendo un cálculo temprano y basado en el recorte general del 25%, a Córdoba le quitarían casi 4 millones de pesos y pasará de 14.6 millones que recibió este año a 10.6 millones de pesos. Orizaba, que recibió 9.8 millones en este ejercicio anual, sólo obtendrá 7 millones de pesos y Fortín de las Flores pasará de los 9.5 millones a los 7.2 millones de pesos.
La última palabra la tendrán los diputados en San Lázaro, deberán pelear para que se modifique el Presupuesto de Egresos de la Federación y evitar que en medio de la guerra se deje sin fusiles a los policías, como se dijo al inicio del texto.
