Juan José Enríquez
El Buen Tono
ORIZABA.- Las negociaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana se encuentran en una etapa crítica, por lo que piden la intervención conciliadora del Gobierno Federal a fin de concluir el proceso por los emplazamientos a huelga interpuestos.
El secretario general de la Sección 8 del STRM en Orizaba, Ignacio Ramírez Céspedes, señaló que buscan un acuerdo global que permita garantizar, con pleno respeto de sus derechos laborales su fuente de empleo.
“El reto es definir el rumbo para el desarrollo de las telecomunicaciones que fomenten el despliegue de la infraestructura necesaria para hacer posible la cobertura universal de los servicios convergentes, además de cerrar la brecha digital entre el país y el resto del mundo, en una lógica similar a la que el gobierno promueve en el Sector Energético”.
Recordó que desde hace más de 3 años, iniciaron la lucha para combatir las resoluciones arbitrarias del IFT y de América Móvil.
“En ese contexto, participamos en el proceso de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, efectuado en diciembre de 2021, acreditando el respaldo a la reforma constitucional en justicia laboral que contribuimos a construir junto a la UNT, así como a los derechos en el contrato y al proyecto sindical que hemos impulsado desde 1976”.
Conscientes del valor que tiene la participación social en la definición de las políticas públicas, los compañeros acudieron a emitir su voto en la consulta pública para la revocación de mandato del
titular del Ejecutivo.
“Se trata no solo de recuperar el terreno perdido en la pandemia, sino de sentar las bases para un modelo de desarrollo alternativo, sustentado en derechos de los ciudadanos en la educación, la inclusión digital, el desarrollo científico, tecnológico y cultural o la alimentación como se dispone en leyes y ordenamientos, entre los que destaca el artículo sexto constitucional que hace referencia a la participación de la población en los beneficios de las Tecnologías de Información y
Comunicación”.
Señaló que al igual que los trabajadores petroleros y electricistas, los telefonistas enfrentan los efectos adversos de las reformas promovidas por los gobiernos neoliberales.
Indicó que la regulación asimétrica hoy vigente, así como las resoluciones asumidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, obligan a Teléfonos de México a subsidiar a sus competidores y han dado lugar a la aplicación de una medida extrema e innecesaria denominada “Separación Funcional” con la consecuente afectación del equilibrio financiero de la empresa. El modelo de competencia resultante, inhibe la inversión en infraestructura y propicia la exclusión de 38.5 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de las
telecomunicaciones.
“El consorcio América Móvil, del que forma parte Teléfonos de México ha aprovechado esta circunstancia para segregar de la empresa los servicios más rentables sin importar el impacto negativo, en una operación que tiene como propósito generar las condiciones para presionar al sindicato de manera que acepte la reducción en los derechos de los futuros telefonistas, en especial el relativo a la jubilación”.
