AGENCIA
CDMX.- Datos de Amnistía Internacional y de Alianza Sierra Madre (ASMAC), han desenmascarado una realidad oculta en Chihuahua: el exterminio sistemático de activistas rarámuri en la sierra tarahumara, principalmente en la región conocida como el Triángulo Dorado.
Tan solo de la familia Baldenegro, tres activistas han perdido la vida defendiendo los bosques tarahumaras, Julián Baldenegro padre, y sus hijos Isidro y hace cuatro días José Trinidad.
La causa, ha sido identificada como la presencia y control de grupos criminales, principalmente narcotraficantes, en la explotación forestal, en el desmonte para la siembra de marihuana y amapola, y la lucha entre los cárteles de la droga para controlar la zona.
La mayoría de los homicidios (31), se perpetraron en el municipio de Guadalupe y Calvo, El Triángulo Dorado, zona de riqueza, impunidad y paraíso para los narcotraficantes.
ASMAC, ha seguido de cerca su activismo en este municipio tarahumara, y ha revelado que no solamente los narcotraficantes asedian a los rarámuri, sino que también políticos y caciques locales para desarrollar el turismo, la ganadería o la minería.
“Choréachi (Guadalupe y Calvo), es una comunidad rarámuri del estado de Chihuahua, México, sin reconocimiento legal del Estado sobre la propiedad de su territorio ancestral. Un grupo de personas mestizas de la comunidad vecina busca el control de la zona, con violencia consistente en homicidios, amenazas con armas de fuego, quema de viviendas, robo de ganado, violación de mujeres, desplazamiento forzado”.
Desde finales del 2021 y lo que llevamos de este año, el éxodo de cientos de habitantes de este municipio ha sido constante, a tal grado que la policía estatal, apoyada por la Guardia Nacional, han escoltado y protegido a los migrantes para que no sean masacrados en su huida.
El dato más grave, es que, en solamente 9 años, 37 activistas han sido asesinados a tiros, porque se oponían al despojo, al desplazamiento forzado, a la tala ilegal y la explotación de sus bosques.
En acciones recientes en este mes de febrero, la Fiscalía del Estado reportó el aseguramiento de pinos cortados y trasladados ilegalmente.
La impunidad ha generado incluso un tipo de moderna esclavitud. Por ejemplo, en julio del 2019, la Fiscalía del Estado dio a conocer el rescate de 21 hombres que habían sido esclavizados dos años en el municipio de Ocampo, para labores de siembra de amapola. Eran alimentados con agua, harina y frijoles y dormían en cuevas, vigilados, amedrentados y golpeados por sus captores.
Un hombre de 33 años fue rescatado el pasado mes de enero en la comunidad de Yoquivo, del mismo municipio de Ocampo, donde fue obligado a trabajar en campos de cultivo de narcóticos desde octubre del 2021
PARA SABER
Amnistía Internacional lleva una cuenta de 36 activistas indígenas asesinados, la mayoría en Guadalupe y Calvo, a la que se suma la más reciente, el 7 de marzo, de José Trinidad Baldenegro.
La lista de activistas indígenas asesinados por los narcos empieza en 2013, con Jaime Subía Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en Choreachi, Guadalupe y Calvo.
Le siguen en 2014, Ayala Ramos, Irineo Meza Solís; en 2015 Santiago Quiñones Cruz, Crescencio Molina de Coloradas de la Virgen, Guadalupe y Calvo, en 2016, y ese mismo año Elpidio Torres, Víctor Carrillo Carrillo, Guadalupe Carrillo Polanco, Julián Baldenegro; en 2017, Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Alberto Quiñones Carrillo.
En 2018 Francisco Chaparro Carrillo y Julián Carrillo Martínez. El siguiente año fue asesinada Otilia Martínez Cruz, Cruz Soto Caraveo y en el 2020 Juan Zamarón Torres y Antonio Montes Enríquez, en el municipio de Bocoyna.
Alianza Sierra Madre consignó en uno de sus comunicados, que “la inseguridad y violencia que prevalece en la Sierra Tarahumara a raíz del combate al narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón en el 2006 y adoptada por el actual presidente Enrique Peña Nieto en el 2012, ha dejado un saldo de muerte, desolación y desplazamiento forzado de familias”.
Ante esta violencia de asesinatos, desplazamientos forzados, destrucción de propiedades y despojo, la respuesta de la Fiscalía de Chihuahua ha sido un lacónico, “hay operativo permanente coordinado con Sedena, ese sigue desde hace un mes, más o menos”, según declaración de Enrique Rodríguez.
Con información de Excelsior/Milenio
