Agencias
México.- El 1 de enero de 2025 marcó el inicio de una nueva etapa en la estrategia de seguridad pública en México con la entrada en vigor de dos reformas constitucionales clave. La primera, la creación de una “supersecretaría” de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mayores facultades para coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y fortalecer la colaboración entre los distintos niveles de gobierno en la prevención y persecución del delito. La segunda reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo casos de extorsión, uso de comprobantes fiscales falsos y delitos relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo.
Además, estas reformas se suman a la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una medida que busca fortalecer la seguridad del país, argumentando que la integración de las fuerzas de seguridad bajo un mismo mando mejorará la estrategia de investigación e inteligencia. La reforma que dio paso a la militarización de la Guardia Nacional fue promovida por el expresidente López Obrador y se consolidó en septiembre de 2024.
El catálogo ampliado de delitos que ameritan prisión preventiva ahora incluye crímenes como feminicidio, secuestro, corrupción, robo de hidrocarburos y transporte de carga, entre otros. Aunque estas reformas fueron aprobadas por todas las fuerzas políticas, la medida ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que argumentan que la prisión preventiva oficiosa podría vulnerar garantías fundamentales.
