Xalapa.- Legisladores de tres partidos políticos, en conferencia de prensa, dieron a conocer ayer que, en el 2015, el Órgano de Fiscalización del Congreso de Veracruz detectó un daño patrimonial de 9 mil 231 millones, 889 mil pesos.
Dijeron también, que al menos 20 altos funcionarios de la Administración de Javier Duarte fueron ya notificados, con el objetivo de reparar el daño a las arcas estatales.
En el Instituto de Pensiones, Octavio Gil García deberá explicar, justificar o regresar, la escandalosa suma de 2 mil 993 millones de pesos.
También, a los titulares del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario durante ese año, Araceli Rodríguez Viveros y Alberto Gómez Otero, se les reclaman 717 millones 969 mil pesos.
431 millones corresponden a presunto daño patrimonial desde la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. El reclamo aquí es para Alfredo Ferrari Saavedra y su antecesor, Ranulfo Márquez, así como a algunos de sus subalternos.
Además, hay reclamos para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (40 millones); la Secretaría de Educación (7 millones 232 mil pesos); la Secretaría de Planeación y Finanzas (1.6 millones), entre otras dependencias.
Los legisladores, al presentar los datos a representantes de los medios de información, advirtieron que como la de Duarte es una Administración saliente, el Congreso tiene que actuar con prontitud para realizar las sanciones correspondientes ante la Contraloría del Estado y de manera paralela presentar denuncias penales.
“A partir de esta información, pedimos al propio Congreso presentar las denuncias con carácter de urgente en contra de los responsables”, insistió el diputado Julen Rementería del Puerto.
“Lo que nos preocupa es que estos funcionarios, que seguramente van a dejar el cargo en unas cuantas semanas, queden impunes y que se pierda irremediablemente el recurso, porque el Estado de Veracruz pagaría las consecuencias gravemente”, advirtió.
