Cd. de México.- La empresa Ediciones, Tratados y Equipos S.A. de C.V. (Etesa), que las autoridades relacionaron con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por depositar a sus líderes comisiones ilegales, junto con sus dos filiales, presume convenios con instancias federales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y la Secretaría de Salud (SSA) federal y con los gobiernos de 29 entidades.
Etesa y sus filiales Ábaco y Refácil, han sido señaladas por cobros abusivos y cláusulas ilegales en los contratos de prestación de servicios que firman los trabajadores para obtener un crédito, por los cuales han sido sancionadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Considerada en el esquema de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas (Sofom ENR) por la Condusef, Refácil fue sancionada en 2012 por no tener “a la vista y de manera notoria” sus listas de comisiones en las sucursales u oficinas de atención al público; en 2013, la Condusef la señaló por cobrar al mismo tiempo intereses moratorios y comisión por pago tardío, no pago, cobranza o cualquier otro concepto equivalente, lo que es ilegal porque facilita que las empresas cobren un mismo cargo dos veces.
Mientras que Ábaco y Refácil, acumularon 211 reclamaciones de usuarios ante Profeco en 16 meses, de enero de 2015 al primer trimestre de este año.
A pesar de ello, en sus páginas de Internet, Etesa, Ábaco y Refácil, presumen “presencia nacional”, puesto que entre sus clientes están los gobiernos de 29 entidades y, además de ofrecer sus servicios a instituciones educativas, también lo hacen con trabajadores del sector salud federal: del Hospital General, del Hospital Infantil de México, de los institutos de Neurocirugía y Psiquiatría, IMSS e Issste, por ejemplificar algunas de las instituciones con las que estas empresas han firmado convenios.
Etesa y Consorcio Peredo S.A. de C.V., empresas ligadas al Diputado Federal por el Partido Nueva Alianza, Bernardo Quezada Salas, son mencionadas en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte del grupo de compañías que firmaron convenios ilegales con los líderes de la Sección 22.
El reporte señala que les entregaban a Rubén Núñez Ginez, secretario general, y a Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas, comisiones de 3.5 por ciento sobre los descuentos quincenales que hacían a la nómina de los profesores. La investigación revela que las empresas y los liderazgos, diseñaron un esquema de concentración de recursos para evadir controles legales de lavado de dinero.
