AGENCIA
Ensenada.- La masacre del pasado sábado en una comunidad del puerto turístico de Ensenada, en Baja California, en donde 10 personas fueron acribilladas con armas de fuego y otras 10 resultaron lesionadas, encendió las alarmas en esta región por su grado de violencia.
Empresarios, fuerzas de seguridad y los propios ciudadanos y pidieron a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad y que se esclarezcan estos hechos que han consternado a la población.
La tarde del sábado pasado, mientras se llevaba a cabo la quinta edición del denominado “Cachanillazo”, un evento de carreras con vehículos todoterreno, un grupo de personas fuertemente armada atacó a balazos a las personas que participaban en este evento.
Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano del estado de Baja California, declaró a medios que ante la violencia imparable es tiempo de aceptar que la estrategia en materia de seguridad no está funcionando y exigió a las autoridades a dar resultados sobre la imperante violencia en el estado.
“Vivir con miedo de ser la próxima víctima no es una opción. Exigimos a nuestras autoridades una verdadera y efectiva coordinación más allá del discurso para dar los resultados que necesitamos; requerimos una disminución real de la incidencia delictiva y cero impunidad ante los hechos violentos registrados”, indicó.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Tijuana, Julián Palombo Saucedo, resaltó que esa violencia no solamente pone en alerta roja a la ciudadanía, sino también a los más de 60 mil negocios representados por dicha cámara.
“Desafortunadamente, esta historia ya la vivimos en años anteriores. Tristemente, cada vez aumentan su nivel (de violencia) corremos un alto riesgo de que se vuelva a repetir el éxodo de empresarios”, manifestó.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 90 de la carretera Transpeninsular, a la altura del poblado de San Vicente.
El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, indicó en rueda de prensa que se trató de un ataque directo que involucró a dos grupos delincuenciales antagónicos, el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Arellano Félix (CAF).
“El objetivo directo sería en contra de Alonso Arámbula Piña, cuyo apodo en vida fue ‘El Sonris’, de 35 años, quien servía a una persona de apodo ‘El Trébol’, líder dedicado al trasiego de drogas en la región, evento acontecido en históricas rivalidades”, indicó el fiscal.
